Los afectados por las inundaciones, preparan acciones judiciales contra la autopista y cargos de la Administración

Los afectados por las inundaciones de la comarca de La Ribera, en Valencia, han anunciado acciones judiciales contra los responsables de la autopista del Mediterráneo y contra altos cargos de la Administración central y de la autónoma. La ausencia de soluciones a las avenidas del Júcar y del Segura está en la raíz de la indignación que se respira durante los últimos días en las zonas siniestradas del País Valenciano y Murcia. La Generalitat informó que estima los daños en 95.000 millones de pesetas, mientras el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia cifra en 20.000 millones los que han afectado a su territorio.

Los damnificados celebrarán hoy una asamblea en Alzira para crear una asociación de afectados y estudiar posibles acciones jurídicas contra los responsables de la autopista A-7, que para muchos actuó como muro de contención de las aguas desbordadas del río Júcar y agravó la tragedia. Vecinos de Alzira y Orihuela mostraron ayer su indignación por la falta de planificación en las ayudas, la indiferencia de algunos medios informativos y la actitud de la Administración, "que en cinco años ha sido incapaz de crear una infraestructura para amortiguar la catástrofe"."Vamos a estudiar pedir responsabilidades a esos ministros y consellers que durante 5 años han desoído nuestras advertencias sobre el peligro de la autopista". Con estas palabras se expresaba ayer Xavier Sierra, presidente de la Asociación de Afectados por las Inundaciones de Valencia (Afiva), creada tras la pantanada de 1982. Sierra insistió en que la riada de hace cinco años no debe relacionarse con lo ocurrido ahora.

El presidente de Alianza Popular (AP), Antonio Hernández Mancha, se desplazó ayer a las zonas inundadas. En Alzira aseguró que AP solicitará dinero de los Presupuestos Generales del Estados para paliar los daños de las inundaciones, informa Xavier Espanya.

El malestar era palpable ayer en la comarca valenciana de La Ribera. "A los argentinos y uruguayos se les intenta aplazar la deuda externa con España y a nosotros nos amenazan con embargos si no devolvemos los créditos de 1982 y además ahora tendremos que pedir más créditos". Frases como ésta se podían escuchar en Alzira.

"Los responsables del mal trazado de la autopista deben sentarse en banquillo", dice Antonio Revert, de- 62 años, comerciante de Alzira, considera que la autopista actuó como muro de contención y devolvió las aguas de Júcar hacia las zonas altas. Antonio Revert y su hermano perdieron más de 10 millones de pesetas en su relojería durante la pantanada de 1982, y aún están devolviendo los créditos solicitados entonces.

El presidente de Autopistas del, Mare Nostrum (Aumar), concesionaria de la A-7, José Luis Cerón, negó ayer en Valencia que esta vía de comunicación haya agravado el efecto de las inundaciones en las comarcas de La Ribera y La Safor. "Es indudable", señaló, "que la autopista retiene *a, pero no aumenta el impacto de las inundaciones y mucho menos en Alzira, situada a cinco kilómetros del trazado".

La responsabilidad del MOPU

Tras resaltar que la solución a los desbordamientos del Júcar era la construcción de pantanos de regulación en la cabecera del río, Cerón señaló que Aumar está a las órdenes del Ministerio para variar el trazado de la autopista o para construir más puentes y aliviaderos. "Nosotros somos unos mandados y nos limitamos a explotar una concesión del MOPU que supervisa los trazados y las obras y ordena los posibles cambios", afirmó.Por otra parte, el pleno del Ayuntamiento de Orihuela, reunido en sesión extraordinaria ayer tarde, acordó por unanimidad solicitar del Gobierno la declaración de zona catastrófica. El alcalde, Luis Fernando Cartagena explicó que en el próximo pleno se abordará el tema del encauzamiento del río Segura y los informes técnicos sobre otros daños en agricultura e infraestructura del término municipal, pero que lo urgente ahora es tratar de paliar los perjucios causados por las inundaciones a personas individuales, informa Juan José Sánchez. Técnicos de la Confederación Hidrográfica del Segura y artificieros de la Guardia Civil practicaron ayer a mediodía una voladura en un tramo del cauce del Segura próximo a su desembocadura para facilitar la salida de las aguas al mar.

La Generalitat valenciana aprobó ayer un primer crédito ampliable de 1.000 millones de pesetas a fondo perdido, así como 100 millones para el desempleo agrícola.

Los daños causados por las inundaciones de la pasada semana en la región de Murcia fueron valorados ayer, en una reunión que mantuvo el presidente de la comunidad autónoma con los alcaldes de los ayuntamientos afectados, en 20.300 millones de pesetas, informa Paloma Reverte. El Ayuntamiento de Murcia aprobó ayer, en un pleno extraordinario, "exigir al Gobierno la urgente finalización del plan de prevención contra avenidas, así como el encauzamiento del río Segura".