Jugar con juego

EL ESTATUTO catalán atribuyó a la Generalitat de Cataluña plenas competencias para organizar loterías propias, y el Gobierno de Pujol decidió utilizar esta facultad legal para obtener nuevos recursos económicos. Las voces que recordaban que, legalidad y negocio aparte, los juegos de azar son una de las fórmulas impositivas más injustas y peligrosas fueron desoídas con el argumento de que "la Administración central también lo hace". TV-3 inició una intensísima campaña de publicidad incitando a apostar, y la mayoría de los que consideran una inmoralidad estimular desde las instituciones públicas el juego se calló. Como el principal argumento que se daba a los catalanes era que en estos sorteos "nos toca a nosotros", quedaba ímplícito que cualquier crítica sería merecedora de un etiquetaje de antinacionalista.En primer lugar entró en funcionamiento una lotería instantánea, no sin algunas protestas por la dudosa ortodoxia higiénica del montaje, pues los boletos se venden en todo tipo de tiendas, pero especialmente en las del sector de la alimentación. Hubiera podido organizarse una red a partir de desempleados, pero el Gobierno de la Generalitat prefirió que la comisión económica que corresponde a los distribuidores fuera para los tenderos, uno de los ramos ideológicamente más afines a Convergéncia i Unió. Se planteó un problema con los billetes, pues la Comisión Nacional del Juego, dependiente de la Administración central, se reservó la facultad de homologarlos, y el tema se encuentra pendiente de los tribunales.

La puesta en marcha de la segunda lotería, una variante de la primitiva pero que se juega desde unas máquinas también ubicadas en los establecimientos comerciales, empezó con otra polémica. Esas terminales están enlazadas por radio con la instalación central. Al llegar la fecha del primer sorteo no se habían cumplimentado los trámites para utilizar la frecuencia radiofónica necesaria. Ante esa circunstancia, la institución oficial dependiente de la Generalitat decidió piratear una frecuencia ajena. Intervino la Administración central, hubo un forcejeo y, dada la saturación del dial, autorizó la puesta en marcha y concedió un plazo para resolver el problema por la vía más convencional -y cara- de realizar el enlace a través de Telefónica.

Toda la explicación ofrecida por el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, sobre este suceso fue que la piratería de la frecuencia había sido un simple "error". No ordenó la apertura de ninguna investigación ni destituyó a los responsables.

La oposición critica ahora la impenetrable oscuridad existente sobre la empresa privada que gestiona esta nueva lotería, pues la Generalitat ha cedido la mayor parte de las responsabilidades a una compañía de la que no ha dado a conocer los nombres de las personas que acabarán repartiéndose los beneficios. Y aunque en la promoción se airease tanto lo de que esta vez "nos toca a nosotros", ya ha trascendido que una sustanciosa parte de lo que produzcan estos catalanísimos sorteos irá a bolsillos de extranjeros. Respecto a los locales que se verán afortunados por los dividendos, la complejidad de la red del accionariado y las vinculaciones con otras compañías en las que figuran algunas personas que ya desempeñaron papeles fiduciarios en la trama de Banca Catalana impiden que sean de conocimiento público.

Todo esto es un montaje impresentable, como impresentable es el silencio de sectores de opinión temerosos de que Pujol también haga una cuestión nacional de la pasión por el juego. El resultado es que la otra Cataluña, la del buen seny, se ve otra vez perjudicada.