Sancionadas este año 80 empresas de seguridad con 22 millones en total por numerosas irregularidades

El Ministerio del Interior ha impuesto sanciones en el primer semestre de este año por un total de 22 millones de pesetas a 80 empresas de seguridad, y ha cancelado la actividad de cinco de ellas tras comprobar la policía numerosas e importantes irregularidades en sus actividades. Actualmente funcionan en España 700 empresas de seguridad y trabajan 30.000 vigilantes jurados armados (casi la mitad de la plantilla que tiene la Guardia Civil). La irregularidad más frecuente es el servicio de escolta prestado por vigilantes jurados de paisano, actividad ilegal por la que cobran alrededor de 1,5 millones mensuales. Interior está estudiando una reforma del sector ante la proliferación de estas empresas y la dificultad para controlar sus actividades.

El subdirector operativo de la policía, Agustín Linares, reconoce que las empresas de seguridad, desde que se reguló su funcionamiento, en 1981, "son un sector en expansión donde impera una cierta desorganización y anarquía, ante lo cual la Secretaría de Estado para la Seguridad está abordando una reforma de la legislación y ha solicitado propuestas para ordenar sus actividades".Linares reconoce que la policía ha observado numerosas "anomalías, entre ellas la proliferación de vigilantes jurados, que constituyen un ejército paralelo que es necesario controlar porque puede ser muy peligroso que haya mucha gente armada en la calle".

Anomalías frecuentes

Una de las anomalías más frecuentes en estas empresas la constituye la escolta privada, actividad ilegal que prestan vigilantes jurados de paisano. Agustín Linares reconoce que estas empresas están ejerciendo "fuertes presiones para que se legalice esta figura, dado que obtienen importantes ingresos; suelen cobrar aproximadamente 1,5 millones de pesetas por este servicio".Solamente en los primeros seis meses de este año el Ministerio del Interior ha impuesto cerca de 100 sanciones a 80 empresas de seguridad -algunas de ellas han sido sancionadas por diferentes motivos-, ha enviado 15 órdenes de apercibimiento a otras tantas y ha cancelado la actividad de cinco de ellas.

Otras anomalías frecuentes son la falta de control y negligencia en la custodia de las armas, la ausencia de registros o visados que deben pasar por el Ministerio del Interior, los depósitos de fondos y el servicio de vigilancia de guardas jurados, figura no legalizada que presta sus servicios sin armas.

Las empresas que mayores sanciones han recibido en el primer semestre de este año son Esabe Express, SA (2,2 millones de pesetas); Prose, SA (1,15 millones); Grupo 4 Securitas España, SA (1,5 millones); Esbue, SAL (300.000); Sevillana de Vigilancia y Protección, SL (350.000); Grupo Atalaya (1 millón); Raf Bel, SL (300.000); Castellana de Protección y Seguridad (400.000); Transel Seguridad, SA (500.000); Protección Loss Control (600.000); Organización de Seguridad Integral, SA (500.000); Servicio de Protección y Vigilancia (500.000); Secovi (1 millón); Transportes Blindados, SA (300.000); Especial Seguridad (1 millón); Sevialarm (1 millón); Juan Antonio Rubio Corral (500.000), y Cooperativa La Galaica, Protección y Seguridad (1 millón).

Asimismo, el Ministerio del Interior ordenó la cancelación, por "variación de circunstancias básicas que motivaron su inscripción", a Tradeca; Seguridad Rovise, SA; Alas de Rau, SA; Alarma y Seguridad Privadas, y Seguridad Saguntina, SA. Este cúmulo de irregularidades descubiertas en el sector por la policía y que ha llevado a la Secretaría de Estado para la Seguridad a abordar una reforma de la legislación vigente sobre las actividades de las empresas de seguridad se consumará probablemente en un cambio de rango de la ley.

Ahora este sector está regulado por varios decretos, y se estudia llevar a decreto-ley la base de sus actividades, que posteriormente se desarrollaría por diversos decretos.

Propuestas

Las propuestas de la Dirección General de la Policía sobre estos casos son principalmente regular las figuras del vigilante jurado y guarda jurado sin armas, evitar las escoltas privadas, erradicar los depósitos de fondos, regular la figura del detective y ordenar correctamente los requisitos que deben exigirse a una empresa de seguridad con el fin de que se obtengan garantías de que esa sociedad va a funcionar correctamente y en los términos para los que ha sido registrada.La Dirección General de la Policía también ha propuesto controlar la formación de los vigilantes jurados y el control de sus armas y ha sugerido que se investigue y regule la inversión de capital extranjero en estas empresas.

Agustín Linares reconoce que uno de los problemas que más preocupan a los responsables policiales es la proliferación de vigilantes jurados con sus correspondientes armas, y precisa que incluso algunos se dan de baja después de conseguir registrarse, ante lo cual es necesario estrechar los cercos de control.