Empresarios y políticos, principales clientes
Empresarios, hombres de negocios y políticos constituyen los objetivos de las empresas de seguridad que se dedican a prestar servicios ilegales de escolta con vigilantes jurados que actúan de paisano, según reconocen fuentes de la Dirección General de la Policía. Los responsables policiales han dado instrucciones para que se extremen las medidas de vigilancia de estas actividades, especialmente en Madrid, Barcelona y el País Vasco, donde es frecuente la solicitud de protecciones personales.Fuentes policiales han asegurado que las empresas suelen dirigirse a los sectores de la población con riesgo de secuestros o agresiones para ofrecerles sus servicios, cuyo precio oscila alrededor de 1,5 millones de pesetas al mes.
Las mismas fuentes reconocen que en algunos casos se solicitan escoltas o protección a los cuerpos de seguridad estatales, que tienen que desestimar tales peticiones por falta de efectivos o por la injustificación de la demanda. En algunos casos, la respuesta negativa de los cuerpos estatales puede provocar que algunas de estas personas decidan dirigirse a las empresas de seguridad. Sin embargo, precisan las fuentes consultadas, estos casos son muy aislados y no está justificado el servicio, fundamentalmente porque es ilegal.
Así, 20 de las 80 empresas sancionadas por el Ministerio del Interior han sido penadas por llevar a cabo este tipo de servicios. En casos de reincidencia puede decidirse la cancelación de las actividades de la empresa, aunque hasta ahora se desconoce si alguna de ellas ha sido cerrada por este motivo.
Restaurantes de lujo
En el caso de las cinco empresas de seguridad canceladas por Interior se justifica oficialmente esa decisión como "variación de circunstancias básicas que motivaron su inscripción".Uno de los lugares más frecuentes donde la policía ha detectado estas escoltas ilegales son los restaurantes de lujo de las grandes ciudades. Incluso se ha ordenado recientemente que los policías que investigan estas infracciones vigilen constantemente estos lugares.
Altos responsables policiales han reconocido que muchas empresas de seguridad están ejerciendo fuertes presiones en la Administración para que sean legalizados los escoltas privados, a lo que se oponen por el momento los responsables del Departamento del Interior.
La nueva normativa que estudia Interior no contempla aprobar esa figura, sino que las escoltas sean prestadas por los cuerpos estatales.
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