Casi el 80% de los funcionarios de Estadística asegura que el proyecto de reforma mermará su independencia

Los primeros resultados de la consulta se conocieron ayer: en síntesis, más del 90% se oponen a la proyectada reforma. Ésta es la opinión de la élite del INE: 99estadísticos facultativos, casi todos los integrantes de los servicios centrales, 90 de los varios centenares de estadísticos técnicos, también de Madrid. El personal laboral, ampliamente mayoritario -dos millares de personas-, todavía no se ha pronunciado.

Los proyectos de reformar el INE, cuya legislación data de 1945, se iniciaron hace diez años. En los dos últimos ejercicios han estado a punto de anticipados por la ley de presupuestos del Estado. Ahora, el proyecto de Ley Estadística redactado por Economía pretende entrar en vigor en enero próximo.

Grandes temas

Además de elevar el rango de la actual dirección general a secretaría de Estado, la ley trocearía el aparato estadístico en dos partes. Una dependería directamente de la Administración y asumiría la coordinación y planificación de las estadísticas. La otra se convertiría en ente público y se ocuparía de la producción de estadísticas. "Los grandes temas habrán de ser" según un documento escrito esta semana por el secretario de Estado de Economía, Guillermo de la Dehesa, "la regulación del secreto estadístico, ell reforzamiento de la capacidad de coordinadora del sistema por parte de la oficina central de estadística, el establecimiento de cauces de colaboración con las comunidades autónomas en materia estadística que vengan a sustituir la actual laguna legal a este respecto, la necesidad de arbitrar mecanismos de planificación plurianual del sistema estadístico nacional,

y la cuestión de la organización institucional de los servicios estadísticos de la Administración Central".

A falta de las respuestas de provincias, el 91% de los facultativos y el 93,5%. de los técnicos juzga no admisible el anteproyecto. El 78% de los facultativos y el 74% de los técnicos opinan que la pérdida de la condición de funcionarios y su pase a regirse por el derecho laboral disminuirá su independencia técnica y profesional. Un 96% y un 89,6%, respectivamente, consideran inadecuada la información suministrada por el actual director general, Javier Ruiz Castillo, y la participación por él arbitrada. Arte la preguntas de si La mayor flexibilidad en la gestión del INE puede alcanzarse transformándolo en organismo autónomo o ente público, las respuestas negativas representan el 89% y el 85,7%.