¿Hacia la privatizacion de la sanidad?

Si un mérito han tenido los pasados conflictos en los hospitales, éste ha sido, sin lugar a dudas, el sacar a la sanidad del olvido en que se tenía por la opinión pública. Así, los problemas que desde antiguo se arrastraban han salido a la luz y ha aparecido una conciencia de que la sanidad tiene importantes problemas que precisan de una urgente solución y que las las autoridades sanitarias, asta el momento presente, no han sabido o querido darles salida. Es obvio que querer solucionar de golpe todas las cuestiones que quienes trabajamos en el sector venimos denunciando desde hace más de siete años, resulta de todo punto imposible, pero también que se echa en falta un plan coherente y elaborado que permita atisbar una solución a las cuestiones concretas.En esta coyuntura, numerosos sectores están ya apostando por la privatización del sector sanitario. Incluso alguna comunidad autónoma, como Cataluña, posee un plan para la concertación de la asistencia sanitaria de un sector de la población con aseguradoras privadas, claro está que pagada con los fondos de la Seguridad Social. El traspaso global que va a hacerse en 1988 de los presupuestos dedicados a atención sanitaria, sin especificar los capítulos de distribución, favorece este tipo de alternativas, que cuentan con numerosos partidarios en las propias filas del PSOE.

Hay una estrategia convergente que, de manera objetiva, avanza en el mismo sentido. Me refiero a aquella que denuncia los problemas reales que tienen los hospitales públicos sin, a la vez, señalar que, con todo, se trata del dispositivo asistencial de mayor calidad del país.

Coincide también el planteamiento contra la dedicación exclusiva a los facultativos que trabajan en el sector público, pues es conocido que la mayoría de quienes trabajan en el sector privado lo hacen también en el público, con lo que la remuneración en la medicina privada es considerada como un sobresueldo, lo que permite abaratar los costes, y en ocasiones se produce una situación de competencia desleal y de parasitación de lo público por lo privado. Que estos hechos no sean la norma no les quita su importancia, y es preciso recordar que nada menos que el anterior presidente de la Organización Médica Colegial ha sido recientemente encontrado culpable de uno de ellos.

Delimitar

Es por eso que es preciso delimitar los profesionales que trabajan en el sector público de quienes tengan interés de hacerlo en lo privado, a fin de eliminar esta contradicción que vive quien atiende al mismo grupo de pacientes, en términos generales, en uno y otro sector y conseguir que los profesionales estén exclusivamente interesados en el buen funcionamiento de la empresa que les paga, es decir, la sanidad pública.

Un tercer factor que no hay que olvidar es el deterioro que producen estos conflictos en la funcionalidad de los hospitales y que aumenta progresivamente al prolongarse una situación de crispación continua. Resulta difícil ahora responsabilizar de todas las deficiencias a la Administración, cuando, por ejemplo, en Madrid, y durante la última huelga, no se ingresaron 4.500 enfermos programados ni se realizaron 50.000 consultas externas, pasando la lista de espera de tres a cuatro meses como promedio. Es obvio que muchos de estos enfermos acudieron a resolver sus problemas en la medicina privada. También que la sociedad está cansada de una conflictividad sanitaria permanente y que se está creando una imagen de un sector público ineficaz e ingobernable, que es el paso previo para su privatización.

Es de justicia señalar que desde la Administración se se lo han puesto muy fácil a quienes desean demostrar la ineficacia e ineficiencia del sector público. Se han congelado los presupuestos, se ha postergado la inaplazable reforma de la atención primaria, se ha actuado con autoritarismo e improvisación, e incluso se ha sido incapaz de explicar aquellas cuestiones en que se planteaban alternativas razonables. El incremento de los presupuestos sanitarios que se prevé para el próximo año llega con retraso, pero para que sea eficaz precisa que se solventen estas cuestiones y, sobre todo, que se tengan planes coherentes y que sea capaz de hacerlos Regar a los profesionales y a los ciudadanos.

El binomio sanidad pública medicina privada plantea pocos problemas en el plano teórico. En los países en que funciona un sistema liberalizado, como Estados Unidos, el gasto en porcentaje respecto al producto interior bruto supera el 11%, y sus niveles de salud, según los indicadores estimados por la Organización Mundial de la Salud, están incluso por debajo de España. Eso sí, no existen listas de espera porque nadie espera ser atendido por el hospital de Houston si carece del dinero suficiente para pagar la cuenta, como poco o nada esperan los más de 20 millones de norteamericanos (chicanos y negros en su mayoría, naturalmente que carecen de derecho a asistencia sanitaria. Se trata de un país donde la asistencia sanitaria es un producto que se compra y se vende en el mercado, no un servicio público.

Precisamente porque pensamos que la salud no es una mercancía, sino un derecho inalienable de los ciudadanos, defendemos que la salud y, por tanto, la asistencia sanitaria, y las labores de prevención de la enfermedad y la promoción de la salud deben de plantearse como un servicio público al alcance de todos los ciudadanos, protegiendo más a los más desprotegidos y marginados de la sociedad y, naturalmente, dejando que acudan al sector privado quienes así lo deseen, pero no porque se vean impelidos al mismo por la falta de calidad del sector público.

En estas circunstancias, un nuevo conflicto en los hospitales no sólo serviría para deteriorar aún más su funcionamiento, sino que, sobre todo, favorecería la creación de un china social que permitiera la privatización del sistema sanitario, lo que iría en detrimento, no sólo de los derechos de los ciudadanos, sino de los intereses de la mayoría de los profesionales sanitarios.