Los restos de un naufragio

Hasta hace dos días, siete presos vascos condenados por delitos de terrorismo contenían cada viernes la respiración, con la oreja pegada al transistor, cuando los noticiarios relataban las decisiones del Consejo de Ministros. Esperaban oír su nombre junto a la aprobación de un nuevo indulto para antiguos activistas que se han comprometido a rechazar las armas. La escucha se prolongaba desde hace más de cuatro años y para cuatro de ellos ya ha terminado felizmente.

Son los restos de un naufragio. Privados del apoyo de sus antiguas organizaciones, ya desaparecidas, el único respaldo que les queda es sus familias. En la cárcel no tenían otra salida política que reforzar las comunas de ETA Militar. La rechazaron y escogieron la esperanza de recuperar la libertad.Los siete pertenecen al grupo de 43 presos que suscribieron en abril de 1983, después de arduas negociaciones con el entonces senador Joseba Azkarraga y con el representante del Gobierno vasco Juan Porres, un compromiso para abandonar la lucha armada y defender sus objetivos políticos con recursos democráticos.

Desde aquella fecha han celebrado la liberación de los otros 36 firmantes. Cuatro lo harán en los próximos días, cuando llegen a la prisión los decretos de indulto. Los tres últimos, condenados por delitos de sangre, aún tendrán que esperar.

Este grupo de rezagados de la reinserción no es homogéneo. Cuatro fueron condenados por la jurisdicción militar. Esa circunstancia ha complicado la concesión del indulto. "Han salido ya compañeros con mayores penas, pero sabíamos que íbamos a ser los últimos", reconocía María José Gorrotxategi, que se encuentra en la prisión de Martutene (San Sebastián), antes de conocer la decisón del último Consejo de Ministros. "Ahora bien", añadía, "lo que no podemos comprender es que los indultos han empezado a moverse hace sólo unos meses".

Gorrotxategi, de 30 años, natural de Zegama (Guipúzcoa), era profesora de una ¡kastola (escuela en lengua vasca) cuando fue detenida por la Guardia Civil en diciembre de 1980. Pertenecía a ETA Político -militar. De su paso por la comandancia de Intxaurrondo prefiere no acordarse. "Golpes..., bueno, de todo", recuerda con cautela. "Por lo menos a mí no me aplicaron electrodos como a los chicos".

"Los chicos" son Juan Antonio Aldasoro, Jesús Alberdi y Benito Irizar, también indultados anteayer. Los tres son obreros industriales y vecinos de Idiazabal (Guipúzcoa). Fueron condenados, como su compañera, por el asalto al sector aéreo de Zaragoza, en 1980. Treinta y cuatro años para los varones, 20 menos para la mujer, que ya estaba clasificada en tercer grado. Podía salir todos los días de la prisión si justificaba un trabajo y debía regresar por la noche. Ahora se dedica a vender libros.

Sus tres compañeros habían sido clasificados en fecha reciente en segundo grado. Podían disfrutar cuatro veces por semestre de un permiso de seis días. Alberdi aprovechó la oportunidad. Los otros dos se negaron. Querían abandonar la prisión de Nanclares de la Oca (Alava), no hacer excursiones al mundo exterior, explica Gorrotxategi, que se casó con su compañero de comando Aldasoro en la prisión de mujeres de Yeserías (Madrid) en marzo de 1981.

Más complicada es la situación de los tres presos restantes, condenados por atentados que reivindicaron los Comandos Autónomos Anticapitalistas. Jesús Larzabal cumple penas por la autoría de un asesinato y colaboración en otros. Jesús Expósito fue condenado por colaborar también en un atentado mortal.

A Vicente Senar el tribunal le encontró culpable de facilitar la información previa a otro atentado personal, aunque Azkarraga asegura que fue víctima de un error judicial oficiosamente reconocido. El propio tribunal recomendó la reducción de la pena. Según antiguos compañeros de prisión, Senar reconoció haber colaborado con el comando bajo la amenaza policial de que se inculparía a su padre y con el único objeto de protegerle.

Delitos de sangre

Las últimas declaraciones oficiales descartan, por el momento, el indulto de los presos implicados en delitos de sangre. Los familiares reaccionan airados. "Ahora se dan cuenta", se indigna un hermano de Irizar, Antton, alcalde de Idiazabal (Guipúzcoa). "Es absurdo. Cuando el Gobierno aceptó el documento de los 43 presos tenía sobre la mesa el expediente de cada uno". María José Gorrotxategi coincide: "Vamos a luchar para que salgan los 43". Queremos a todos libres".Azkarraga, artífice de la segunda fase de la reinserción, tras la autodisolución de ETA Político-militar, afirma también que el Gobierno no cumple. "En abril de 1983 el ministro del Interior, José Barrionuevo, nos prometió que en un año saldrían de la cárcel todos los firmantes", asegura. "Los delitos de sangre ya se conocían entonces".

Sin embargo, Álvaro Gil Robles, adjunto al Defensor del Pueblo y presente en las negociaciones, asegura que "no hubo fechas concretas". ¿Los delitos de sangre? "Quedaron excluidos desde el principio".