El ministro de Justicia dice que Colombia sufre la acción de grupos de "justicia privada"

Las autoridades colombianas se muestran incapaces de encontrar a los asesinos del presidente de la comunista Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal, y cada día desde la fecha del crimen, el pasado domingo, el ministro de Justicia, Enrique Low, aparece unos minutos ante las pantallas de televisión para reclamar la colaboración ciudadana en la búsqueda de los sicarios que con su acción han puesto en jaque al país. En su última aparición televisiva, el ministro reconoció que Colombia sufre "la existencia de grupos de justicia privada" y "la aplicación de la ley del talión".

Low advirtió que "la responsabilidad de salvar al país en estos momentos difíciles es de todos", y ofreció tres números de teléfono con los que la población puede ponerse en contacto para suministrar información sobre el caso de Jaime Pardo. Para preservar el anonimato de los denunciantes, el Gobierno está dispuesto a facilitar gratuitamente operaciones de cirugía facial a aquellas personas que aporten datos especialmente comprometidos.El propósito del Gobierno se estrella, en cualquier caso, con la absoluta indiferencia de una población tan resignada a la violencia como a la lluvia diaria de este invierno bogotano y al miedo comprensible de personas conscientes de que una vida vale en Colombia poco más de 10.000 pesetas, el salario de un asesino a sueldo que se recluta fácilmente entre el 70% de población marginada que se calcula tiene el país.

En el caso de Pardo, obviamente, la cantidad debió de ser superior. Se hacen cálculos que rondan los 30 millones de pesos (unos 20 millones de pesetas), 10 millones más de lo que esos grupos incontrolados que proliferan en Colombia tuvieron que pagar hace cuatro años por la muerte del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla.

El único paso que se ha dado hasta ahora en la investigación policial ha sido la detención de un profesor que alquiló el coche desde el que dispararon contra Jaime Pardo. Según la información oficial, los asesinos le robaron el coche al detenido cuando éste se detuvo a satisfacer una necesidad fisiológica. El profesor, de nombre Humberto Correa, había presentado la correspondiente denuncia por robo.

Ayer, la situación en Bogotá había vuelto a la normalidad, y algunos empleados del Ayuntamiento realizaban trabajos de restauración en los comercios y locales dañados durante los enfrentamientos del pasado martes. Las dos últimas noches fueron, sin embargo, de gran tensión en la localidad de Barrancabermeja, de fuerte implantación comunista, donde células guerrilleras se enfrentaron al Ejército en pleno centro, con un saldo de un muerto y 12 heridos.

En otros puntos del país se han librado en las últimas horas combates esporádicos entre unidades guerrilleras y fuerzas militares, pero la temida respuesta de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolivar -agrupación de los principales grupos alzados en armas- al asesinato de Jaime Pardo está aún pendiente.

Para analizar la situación y tratar de evitar una reacción guerrillera, el presidente Virgilio Barco tenía previsto reunirse anoche con la nueva dirección de la Unión Patriótica, fuerza política constituida por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que abandonaron las armas tras los acuerdos de paz firmados con el anterior presidente, Belisario Betancur, en 1985.

Ésta será, en realidad, la primera actuación del presidente en relación con el asesinato de Pardo Leal. Su delicado estado de salud y su tradicional recelo por las apariciones públicas han hecho irrelevante el papel desempeñado hasta ahora por Barco en esta crisis. Así se lo han dicho últimamente desde su propio partido y, todavía más, desde el opositor Partido Conservador. El candidato conservador a la presidencia en 1986, Álvaro Gómez, ha declarado que no vale la pena ser presidente de un país como Colombia y ha pedido que se acabe de una vez con el bipartidismo que asfixia las aspiraciones políticas de los colombianos.