'Penenes'

El pasado martes 29 de septiembre se recogían en las páginas de Educación de EL PAIS algunas declaraciones hechas telefónicamente por mí como responsable de Universidad de CC OO que, quizá por una redacción poco afortunada, cuya responsabilidad no puedo asumir, han herido, lógicamente, la susceptibilidad de algunos rectores, por lo que, como portavoz de CC OO al respecto, creo necesario hacer algunas puntualizaciones, que no dudo usted no tendrá inconveniente en publicar.La posición de las Comisiones Obreras de la Enseñanza ha sido siempre clara sobre el tema de los PNN y la fecha del 30 de septiembre: las disposiciones de la LRU no podrían entrar en vigor en dicha fecha salvo que se violentase la propia ley. Y en esa convicción, basada en el conocimiento de datos reales, hemos defendido por todos los medios -desde los intentos de negociación hasta la huelga legal- la imperiosa necesidad de modificar la transitoria 10.2 de la LRU y trasladar la fecha de entrada en vigor de las disposiciones sobre profesorado a octubre de 1992, horizonte al que el ministerio ajusta la dotación financiera necesaria según sus cálculos (bastante deficientes, por otra parte). Ello habría permitido que el proceso de elaboración de plantillas tuviera en cuenta las necesidades docentes e investigadoras de la reforma de los planes de estudio, cuyo plazo de sometimiento a información pública se ha abierto el pasado 4 de octubre.

La negativa del ministerio, acuciado por la necesidad de presentar resultados, ha hecho que los criterios de racionalidad en la discusión pasaran a segundo plano y, lo que es aún más peligroso, se han distorsionado desde la propia Dirección General de Enseñanza Superior los contenidos legales y se ha presionado a las universidades, cuya autonomía tanto dice el director general respetar, para que sin excusa ni demora transformaran sus plantillas.

Los rectores y las juntas de gobierno se han visto así cogidos entre dos fuegos: la obligación de seguir prestando el servicio público a la sociedad que es el funcionamiento de la Universidad y el cumplimiento de la disposición legal que, aplicada al tenor de la ley, hacía imposible dicho funcionamiento. En esta disyuntiva, cada universidad y según el talante más o menos democrático de los equipos de gobierno y la mayor o menor fuerza de las organizaciones sindicales, ha llegado a soluciones de compromiso cuyo objetivo era iniciar el curso con normalidad, aunque no a cualquier precio. Pero el problema sigue en pie y nuestra denuncia al MEC, que no a los equipos rectorales democráticos, también.-

Responsable de Universidad de la Federación de Enseñanza de CC OO.