La esquizofrenia ugetista

CON ESCEPTICISMO acudirán los representantes del PSOE y UGT a la reunión que se celebrará en los próximos días para intentar un acuerdo de última hora sobre los presupuestos. Un intento de aproximación en septiembre, antes de la presentación de los presupuestos, se frustró por la negativa de la central sindical a comprometerse a avalar la política económica del Gobierno a cambio de una participación en su definición. El día 7, una reunión en la que participaron el vicepresidente Guerra y los ministros Chaves y Almunia, se malogró por la negativa del ministro de Economía, Solchaga, a ratificar el principio de acuerdo a que habían llegado los interlocutores en torno a tres puntos: un incremento de las retribuciones de los funcionarios superior, como media, en un punto y medio a la subida del 4% contemplada en los presupuestos; aumento del fondo para pensiones, y reforma de las tarifas del impuesto sobre la renta anunciadas por el Gobierno. Solchaga, sostenido por Felipe González, se habría negado a tocar la reforma fiscal. Pero si se confirma que las exigencias sindicales respecto a este punto han sido el principal obstáculo para el acuerdo, nos encontraríamos ante una actitud bastante irresponsable de parte de UGT. Malabarismos aparte, la nueva escala tributarla supondrá incrementos de poder adquisitivo de los asalariados de entre tres y siete puntos, lo cual es bastante más significativo que otras consideraciones adelantadas por el sindicato.Respecto a los incrementos salariales de los funcionarios, convertidos por las centrales en piedra de toque de la voluntad concertadora del Gobierno, el aumento de cuatro puntos, uno por encima de la inflación prevista, puede considerarse razonable si se tiene en cuenta ese reforzamiento de la capacidad adquisitiva resultante de la reforma tributaria. Cuando se pide más del 5% para los funcionarios, la comparación con otros colectivos laborales -la banca ha firmado el 4,5% para el año que viene- es ominosa y hay que tener en cuenta la garantía de seguridad en el empleo que supone la condición de funcionario, lo mismo que la escasa productividad de la Administración española. En un país que soporta todavía la carga de tres millones de parados, esos factores deben ser valorados si se pretende desarrollar una política económica solidaria.

La experiencia del Reino Unido durante los años setenta, en los que una línea sindical apoyada en la multiplicación de huelgas sectoriales condujo al laborismo a la derrota es bastante expresiva del peligro de deslizamiento del sindicalismo hacia áreas corporativistas. El privilegio de representación que la sociedad otorga a los sindicatos para participar en negociaciones que afectan a colectivos mucho más amplios que el de los afiliados exige una actitud que mire por los intereses generales, incluyendo los de los desempleados y los de los jóvenes destinados a serlo. Presionada por circunstancias, entre las cuales no cabe descartar las reyertas personales o el oportunismo electoral, la actitud de UGT respecto a la concertación es cada vez más errática. Parece haber descubierto que su supervivencia como fuerza mayoritaria depende de una creciente autonomización de la política económica desarrollada por el Gobierno. Y no duda en recurrir al compadreo de familia para forzar acuerdos bilaterales con ese Gobierno al que no deja de considerar como algo propio. A este paso acabará en la esquizofrenia.