Acercamiento jurídico a América Latina

La cooperación jurídica de España y Latinoamérica es analizada por el autor de este artículo, en especial desde la perspectiva de los contactos de los colegios de procuradores. Entre otros acercamientos recientes, se refiere a los avances hacia un derecho internacional privado latinoamericano y la buena acogida de estos países a la función del procurador español, garante de la igualdad de las partes en el proceso judicial.

Uno de los ámbitos en el que las repúblicas de América conservan con mayor vigor la herencia cultural de España es el del derecho. Sin embargo, en este momento, en el que las relaciones dentro del mundo hispano parecen haber encontrado el clima ideal de desarrollo y fortalecimiento y prometen hacer realidad una eficaz cooperación entre sus pueblos, algunos aspectos parecen quedarse marginados o muy por debajo del nivel de interés que socialmente le correspondería. Tal es el caso de la cooperación jurídica.Desde hace algunos años, los colegios de procuradores de los tribunales iniciaron, a través de su consejo general, un movimiento de acercamiento a los profesionales e instituciones jurídicas de Latinoamérica para fomentar e incrementar la información mutua, el intercambio cultural en temas jurídicos y contrastar las experiencias y procesos legislativos de los últimos años en los países de nuestra área cultural.

Como fruto significativo de tales contactos, recientemente tuvo lugar en Montevideo el I Congreso Iberoamericano de Procuradores y Derecho Procesal, en el que las intenciones y los deseos han conseguido fraguar bases sólidas para un programa práctico de intercambios. La integración de un efectivo derecho internacional privado latinoamericano se convirtió en objetivo prioritario de este primer congreso, al tiempo que se establecieron las pautas de actuación orientadas a cubrir una primera etapa de este interesante proyecto.

La concreción de convenios sobre igualdad de trato procesal y exhortos, capaces de asegurar a las personas, tanto físicas como jurídicas, la misma situación procesal que corresponde a aquellos del país del juicio cuando se trata de actuantes ante tribunales extranjeros, así como un ágil sistema de auxilio jurisdiccional, son aspectos previos y muy concretos, actualmente ya en fase de estudio.

Con el objetivo de crear una plataforma sólida que posibilite éstas y otras futuras tareas, y ejecutando una de las conclusiones del congreso, se fundó la Asociación Iberoamericana de Procuradores, a los que compete establecer los cauces más adecuados en cada caso, orientados a profundizar de forma continuada y eficaz en los mutuos procesos legislativos, conservar y estrechar los vínculos culturales entre España y Latinoamárica en el ámbito cultural del Derecho y desarrollar mecanismos de influencia en el perfeccionamiento de nuestro ordenamiento jurídico.

La joven asociación confía en poder ofrecer a nuestros pueblos un paso adelante en el debate jurídico, que al ser comprendido será común.

La función del procurador

Otra cuestión que suscitó gran interés entre los congresistas, tanto a nivel de magistrados, juristas en general y procuradores en particular, fue la actual normativa de la postulación procesal de España. Más concretamente, la función de representación del procurador tal y como está establecida en nuestras leyes procesales.

El dinamismo sociocultural de las repúblicas latinoamericanas hizo recomendable aceptar, sobre ciertos postulados de libertad formal que facilita a los litigantes el acceso al proceso sin precisar asistencia profesional (y en ello insistieron las diversas comisiones de trabajo y el plenario del congreso), la conclusión de que la intervención del procurador deberá ser de carácter preceptivo. Su condición de representante técnico y profesional resultará una garantía de igualdad de las partes en el proceso, y expresión (en el ámbito del derecho procesal) de la igualdad de los ciudadanos ante la ley.

En este contexto de interés y profunda reflexión técnica, llaman la atención ciertas voces que se alzan, creemos, más como fruto de un improvisado y frívolo diletantismo jurídico que de la serena y madura expresión de criterios contrastados para criticar o poner en entredicho la postulación procesal en nuestro país.

Sobre cualquier inquietud profesional, estas voces nos preocupan, sobre todo al convertirse en exponentes añadidos a múltiples elementos internos que parecen perseguir una acción desestabilizadora en el seno de la propia Administración de justicia. Quizá nuestra primera aportación a esa acción de cooperación jurídica con los países latinoamericanos ha sido la exacta y fiel transmisión a los medios jurídicos de esos países de la estructura actual de la representación en juicio en España.

No es una afirmación gratuita o autocomplaciente constatar la importancia que para un ejercicio de los derechos de los ciudadanos ante los tribunales tiene el procurador. Su ausencia podrá ser empleada como argumento retórico, pero en la práctica su función de servicio a la sociedad será difícilmente cuestionable, dado que su intervención garantiza y contribuye a asegurar la real efectividad del presupuesto esencial de todo proceso, esto es, la igualdad de los litigantes.

es presidente del Consejo Nacional de Procuradores de los Tribunales de España.