Procesados 19 nuevos funcionarios por presunta corrupción en las subastas judiciales de bienes

El titular el Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid, José María Álvarez Seijo, encargado de la investigación de presuntas corrupciones en el sumario de los subasteros [profesionales que tratan de controlar las subastas judiciales de bienes] acordó ayer el procesamiento de 19 nuevos funcionarios de juzgados, a los que se unen otros cinco anteriormente procesados. Asimismo, ordenó la ampliación el procesamiento contra 13 subasteros y el nuevo procesamiento de otros 12. El total de implicados, por el momento, se eleva a 49 personas, cuando mañana concluye la dedicación exclusiva del juez Álvarez Seijo a este sumario.

En medios jurídicos se espera que la comisión de servicio por seis meses acordada en su día por el Consejo General el Poder Judicial será prolongada al menos durante dos meses más, dada la importancia concedida por el Consejo a la lucha contra la corrupción en las oficians judiciales. Sin embargo, en algunos medios judiciales se ha detectado resistencia a la continuación de esta investigación, dado el rechazo que experimenta gran parte del personal de los juzgados a este tipo de pesquisas sobre sus supuestas percepciones ilegales.

Libertad bajo fianza

Todos los procesados se encuentran en libertad provisional bajo fianza. En el caso de los subasteros la máxima cantidad exigida como fianza han sido 13 millones de pesetas a Ernesto García López, mientras que, por lo que se refiere a los funcionarios, se les han exigido fianzas de entre 200.000 y 75.000 pesetas.Los delitos por los que fueron procesados ayer 25 subasteros son los siguientes: 23 de ellos por el de maquinaciones para alterar el precio de las cosas -13 estaban ya procesados por cohecho-; cuatro por estafa; dos por coacciones y uno por falsedad. Por su parte, 18 funcionarios fueron procesados por cohecho y uno por falsedad.

Los 18 funcionarios de la Administración de Justicia procesados ayer como supuestos autores de delitos de cohecho son los siguientes: Pedro Albarracín Caballero, Enrique León Cuevas, Jesús Serrano Mecatti, Antonio Martínez Sánchez, José López Hernández, Julián Rodríguez Aparicio, Juan López Beltrán (ya jubilado), Fidel González Adrados (actualmente trasladado a los servicios comunes), José Uría Iglesias, Joaquín Aldea Ogallar, José Aragón Vals, Eduardo Castellano López Gubilado), María Ángeles Martínez Ruiz, Vicente García Rubio, Eduardo García Moretón, Ángel Gutiérrez del Olmo, Mariano Badesa Delgado y Pedro Jiménez Redondo (jubilado). El funcionario procesado ayer por presuntas coacciones es Vicente Haro Haro.

Según la investigación judicial realizada, los 19 funcionarios mencionados -que prestaban servicio en los jugados de primera instancia de Madrid números 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21 y 22- participaron en una serie de hechos que la resolución dictada ayer relata extensamente y que fueron protagonizados por los subasteros, personas "que hacen todas ellas de la subasta su modus vivendi y que constituyen en las mismas", dice el auto, "un coto cerrado de participación".

'Subastilla'

El magistrado Álvaro Seijo resume así las notas comunes de los numerosos hechos que relata: "[los subasteros] llevaron a cabo entre ellos pluralidad de actos por ellos mismos denominado 'subastilla o segunda', consistentes en una puja restringida, realizada de común acuerdo totalmente al margen de la subasta judicial, y antes o después de ella, ya con el fin de asegurarse, el que de ellos resultase mejor postor en tal acto extralegal, la adquisición del bien subastado en el acto judicial, ya con el fin de obtener de quien rematase la subasta legal una nueva adquisición del objeto de la misma o de los derechos de cesión de remate a terceros, y derivando lógicamente del citado acto de subastilla un reparto de cantidades".Según fuentes jurídicas personadas en el sumario, en algunas de estas operaciones se obtuvieron ilegalmente hasta 20 millones de pesetas y los procesamientos se refieren solamente a las más relevantes. En cuanto a las astillas o importes ilegales recibidos por los funcionarios, según las mismas fuentes, se han tenido en cuenta las cantidades percibidas sólo a partir de 25.000 pesetas. La información obtenida sobre las astillas descubiertas en esta investigación, por cuantía inferior a la mencionada -y en cuya percepción se encuentran presuntamente implicados numerosos funcionarios de otros juzgados civiles de Madrid-, ha sido remitida al fiscal, para que inicie, en su caso, las acciones penales que correspondan.