Francia traslada a Argelia a 12 'etarras'

Doce etarras fueron expulsados en la madrugada de ayer, en dirección a Argelia, después de las gestiones realizadas por el Gobierno francés par a colocar en un país tercero a los detenidos que cuentan con documentación de refugiado político o que han depositado demandas o recursos reclamando dicho estatuto. Un total de 55 presuntos etarras más han sido entregados a España desde su detención el sábado, por el procedimiento de urgencia absoluta, que faculta a las autoridades policiales a entregar a los extranjeros cuya presencia "sobre territorio francés constituya una amenaza para el orden público".

Con estas expulsiones son ya más de 130 los refugiados vascos entregados a España por el Gobieino conservador francés.Los 12 etarras trasladados a Argelia embarcaron a las dos de la inadrugada de ayer en un avion militar. Según fuentes de las Gestoras Pro Amnistía, se trata de José López Gararza, Asunción Arana Altuna (viuda de José Miguel Beñarán Ordeñana, Argala), Emilio Martínez de Marigorra, José Arturo Cubillas Fontán, Portu Espina, Victor Zuloaga Baldizkueta, Ignacio Múgica, José Luis Zurimendi Uribe, Juan Miguel Barbesi Torres, José Luis Beotegui Ibáñez de Opakua, Begoña Treviño Izaguirre, y Gabriel Segura Burgos.

Por otro lado, el Gobierno español expresó ayer su "satisfacción y reconocimiento" al Gobierno francés por el "eficaz funcionamiento" de su colaboración en la lucha antiterrorista.

En Bilbao, el ministro de Cultura y portavoz del Gobierno, Javier Solana, declaró que el Gobierno prefiere que los presuntos terroristas detenidos en Francia sean entregados a las autoridades españolas, pero "cuando esto no es posible, acepta y respeta la decisión que adopten las autoridades francesas". Solana realizó este comentario después de confirmar el envío a Argelia de 12 de los presuntos terroristas de ETA arrestados por la policía francesa. El portavoz del Gobierno confirmó, por otra parte, la decisión del Ejecutivo de mantener el diálogo con ETA. "En este momento no hay contactos", precisó, "pero la voluntad del Gobierno es mantener esa posibilidad abierta".

El juez Michel Legrand, de la VII sección de la Audiencia de París, encargada del terrorismo, ha inculpado sólo a siete personas. Seis de ellas en la misma redada en la que cayó Santi Potros. La del 3 de octubre, en la que se detuvo a 97 personas sólo ha dado lugar a una inculpación, la del ciudadano francés Jean-Pascal Barbier, acusado de asociación de malhechores y tenencia de explosivos. Dos de los inculpados son españoles; se trata de Santiago Arrospide, Santi Potros, y de Iñaki Picabea, ambos acusados de "asociación de malhechores y tenencia ilícita de armas".

Otros inculpados

Los otros cuatro inculpados son franceses y se trata de Joseph-Xavier Guimon y su esposa, que albergaron a Santi Potros, y de Francis Capot y Philippe Lasallé. Como Potros y Picabea, la causa instruida contra ellos no afecta a ETA sino a Iparetarrak (Los del Norte), el grupo terrorista vascofrancés dirigido por Philippe Bidart, cuya búsqueda proporcionó el hallazgo del número dos de ETA y la documentación más importante intervenida en toda la historia de la organización terrorista vasca.Un portavoz del Ministerio del Interior francés consultado por EL PAÍS se negó a aceptar que las relaciones entre ETA e Iparetarrak y el archivo de Potros hubieran sido un regalo inesperado para la policía francesa. "Teníamos ciertas informaciones importantes y habíamos infiltrado las bases de retaguardia de ETA", aseguró. Otra fuente, ésta del Ministerio de Justicia, aseguró a este diario que se conoce la intención de la justicia española de pedir la extradición de Santi Potros, "pero hasta ahora la cancillería no ha recibido ninguna solicitud".

El ministro delegado para la Seguridad, Robert Pandraud, aseguró ayer que "el santuario de ETA ha terminado", en reconocimiento implícito de que las expulsiones realizadas en el último año habían afectado a militantes sin importancia y que, tal como insinuaba la policía española, la dirección de ETA seguía actuando impunemente en territorio francés.

Críticas de los socialistas

La espectacular operación policial desencadenada el día 3, a partir de la documentación hallada a Santi Potros, ha dado lugar a 120 registros domiciliarios y 97 detenciones, pero sólo a estas seis inculpaciones. Quince personas han sido puestas en libertad sin cargos, tres permanecen detenidas según la legislación antiterrorista (que permite prolongar la detención durante cuatro días) y cuatro mujeres se encuentran en detención domiciliaria.El juez Legrand ha emitido también un exhorto solicitando a la dirección de la Policía Judicial el estudio exhaustivo de la abundante documentación descubierta. Una fuente del Ministerio del Interior, por su parte, aseguró a EL PAÍS (que la operación policial podía darse prácticamente por concluida.

El escaso rendimiento judicial del caso ha sido objeto de duras críticas por parte del partido socialista francés, que ha denunciado el carácter espectacular y electoralista del despliegue policial y de las detenciones masivas y su escasa. eficacia en la desarticulación de la dirección de ETA. Jean-Pierre Destrade, diputado socialista de los Pirineos Atlánticos, y encargado de los problemas del País Vasco, se mostró, en conversación con EL PAÍS, especialmente molesto con el portavoz del Gobierno español, Javier Solana, por sus declaraciones al diario de París Le Matin en las que asegura que "la operación lanzada por la policía francesa reviste una importancia capital no sólo para España sino para el combate antiterrorista en Europa". "No queremos que Francia sea una base terrorista contra España", aseguraba Destrade, "pero tampoco queremos que se den motivos para soldar el movimiento vasco a ambos lados de la frontera, como han hecho con sus actuaciones irresponsables los ministros Pasqua y Pandraud".

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Nacional, Pierre Joxe, realizó unas enérgicas declaraciones radiofónicas el lunes por la noche en las que mostró la irritación de su partido con los socialistas españoles. Los socialistas franceses están contra el procedimiento de "urgencia absoluta" y proponen como alternativa la extradición judicial, "único procedimiento con garantías democráticas", aseguran.