La CE estudia que la compra de grandes paquetes de acciones sea pública

La Comisión Europea está preparando una nueva directiva bursátil (que obligará a compradores o vendedores de un gran número de acciones a informar de la transacción a la empresa afectada, que en la actualidad desconoce muchas veces la identidad de sus propietarios.Este texto en preparación completará una directiva en vigor desde 1979, e incluida en las diversas legislaciones nacionales, que constriñe a las empresas cotizadas en bolsa a dar a conocer al público las modificaciones importantes de su accionariado.

Las empresas no han podido siempre cumplir con esta obligación porque, a su vez, no estaban al corriente de los cambios de propiedad, como sucedió, por ejemplo, recientemente con la Société Générale de Belgique, el mayor banco belga, cuyas acciones fueron en parte adquiridas per un grupo misterioso que pretendía adueñarse del holding, que tuvo que ampliar su capital para parar la operación en curso.

Topes de control

La nueva directiva, que está siendo elaborada por el Ejecutivo comunitario en colaboración con el Parlamento Europeo, establece oclio niveles que oscilan entre un 20% y un 90% y señala que cualquier transacción bursátil que coloque a un accionista por encima o por debajo de esos techos debe ser comunicada a la empresa afectada.

A diferencia de la directiva aprobada hace ocho años, la nueva estipula de forma detallada cómo las empresas deben informar al público de los cambios sucedidos entre sus accionistas mediante, por ejemplo, la publicación de anuncios en la Prensa nacional.

El órgano ejecutivo europeo asegura que la directiva en preparación, que deberá ser sometida para su adopción a los ministros de Economía de los doce, incrementará la confianza de los inversores al mejorar la transparencia de las operaciones bursátiles;. Los Estados miembros de la Comunidad que sólo poseen una legislación nacional embrionaria sobre la cuestión la han acogido, sin embargo, con cierto escepticismo, especialmente Alemania Occidental, cuyos representantes temen que reglamente y complique aún más el mercado de valores.

En esta misma línea, el Gobierno español tiene en estudio el borrador de un proyecto cle ley por el que, de aprobarse, toda transacción de acciones de una empresa considerada sensible que supere el 5% del capital debe darse a la publicidad, y, en el caso de que se trate de bancos e instituciones de crédito y el porcentaje vaya a superar el 15% del capital, deberá realizarse con la autorización previa del Banco de España. Todas estas medidas, coincidentes, tiene por objeto proteger a determinadas sociedades de posibles actuaciones consideradas como hostiles y que pueden dificultar la gestión.