Polémica propuesta de que los fiscales sustituyan a los jueces en la instrucción sumarial

La atribución a los fiscales de algunas de las funciones que actualmente corresponden a los jueces de instrucción fue defendida desde diferentes frentes en el curso sobre Derecho y sociedad clausurado ayer en Badajoz. En cambio, desde sectores judiciales y de la abogacía se observó con prevención que los recelos del Ejecutivo hacia el poder judicial puedan conducir a un protagonismo de los fiscales teniendo en cuenta su dependencia del Gobierno.

El catedrático de Derecho Procesal de la universidad de Alicante Vicente Gimeno Sendra y el fiscal del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín coincidieron en la conveniencia de atribuir al fiscal funciones instructoras en los procesos penales, y el propio fiscal general del Estado, Javier Moscoso, propugnó que el fiscal deje de ser un mero acusador, y recordó que la Constitución atribuye en exclusiva a los jueces y magistrados "juzgar y ejecutar lo juzgado, pero no instruir las causas".Gimeno Sendra expuso la necesidad de que sean órganos diferentes los que instruyan los procesos y los que los fallen, porque, de lo contrario, como ocurre ahora en algunos delitos menores, el juez que instruye y sentencia puede juzgar con graves prejuicios. Se mostró favorable a que la instrucción de las causas penales corresponda al fiscal, aunque será el juez el que decida en los actos limitativos de derechos, como el ingreso en prisión. En la misma línea, Martín Pallín recordó que Italia y Portugal ya han dado el paso de encomendar la instrucción al ministerio fiscal.

Espacio procesal

Martín Pallín, también presidente de la Asociación pro Derechos Humanos, estimó que esta solución impedirá el actual "espacio procesal autónomo" que disfruta la policía, cuyos atestados, irregularmente hechos muchas veces, sirven de fundamento a numerosas sentencias. Consideró el actual sistema "inoperante, lento, costoso y falto de garantías", y una "responsabilidad histórica y política invertir los recursos presupuestarios en la reforma de la administración de justicia, manteniendo la estructura del proceso penal".El magistrado Ángel de Juanes, de Jueces para la Democracia, se manifestó contrario a que el fiscal intervenga en la instrucción, dada la dependencia gubernamental del ministerio fiscal. Añadió que, en cambio, el fiscal debe depurar y filtrar la actuación policial y remitírsela al juez.

Por su parte, Moscoso resaltó que la Constitución acabó con la vieja dependencia total del fiscal respecto al Ejecutivo y defendió in cambio de comportamiento del fiscal, acorde con las modificaciones sociales y adoptando un papel más activo en la investigación del delito y en la tutela de los derechos y libertades.

El catedrático de Derecho Penal de la universidad de Málaga José Luis Diez Ripollés afirmó que cuando puede nacer un ser con graves taras físicas o psíquiatras resulta hipócrita justificar el aborto en que la madre no puede convivir con el futuro hijo, y es la comunidad la legitimada para decidir que nazcan "sólo quienes van a tener una determinada calidad y dignidad de vida".

Explicó que esta nueva perspectiva del aborto ha de superar el miedo a los tabúes sobre la sección de la especie, de reminiscencias nazis. Defendió también el aborto por motivos sociales y criticó que no se castiguen cuando el embarazo procede del incesto o la prostitución.

En la última jornada del curso, los profesores de Derecho Penal José Luis de la Cuesta y Borja Mapelli criticaron la situación actual de las cárceles, y en especial de las de máxima seguridad, a través de las cuales la Administración impone sanciones sin intervención del juez penal.

Las críticas realizadas durante el curso a la legislación antiterrorista fueron reafirmadas ayer por la profesora de Derecho Penal María Luisa Maqueda, que rechazó la figura del delito de apología del terrorismo, incompatible, según dijo, con el derecho a la información.

La última conferencia del curso estuvo a cargo de un magistrado del Tribunal Constitucional, Luis López Guerra, quien explicó el papel del alto tribunal como garante último de los derecho, fundamentales.