La defensa del concejal acusado de corrupción de menores dice que se limitó a ir con mujeres

Carmen Is, abogada de Santiago González, ex concejal procesado por corrupción de menores, dijo ayer que su cliente se sienta en el banquillo por "salir un día de casa a tomar copas con los amigos y luego ir con mujeres". González era teniente de alcalde socialista de Burjassot (Valencia) cuando fue detenido por la policía, en febrero de 1985. La vista oral del juicio que se sigue contra 33 personas -otro se encuentra en rebeldía- quedó ayer vista para sentencia después de 12 maratonianas sesiones.Una falsa amenaza de bomba obligó ayer a desalojar durante una hora la sala donde se celebraba la vista. La última sesión del juicio se dedicó a la lectura de los informes de dos defensores. Asimismo, el presidente del tribunal concedió la palabra a los procesados, pero ninguno ellos habló, contrariamente a lo que habían manifestado algunos inculpados, según los cuales el último día saldrían a relucir "nombres de personas importantes".

La defensora de Santiago González recalcó durante su informe que ninguna de las siete niñas que fueron rescatadas de la red de prostitución ha reconocido a su cliente, "ni en sus declaraciones ante la policía ni posteriormente en el juzgado". "Me suena su cara, pero no sé de qué", es la única frase que en este sentido ha pronunciado una de las menores en referencia al ex concejal, según Carmen Is.

El fiscal y el acusador particular solicitan cinco años, ocho meses y dos días de prisión para Santiago González, al que acusan de dos delitos de corrupción de menores y uno contra la salud pública. El fiscal estima que el ex concejal participó en fiestas organizadas en un apartamento de El Saler (Valencia) al que acudían varias menores.

Por su parte, Vicente Benavent, defensor de Matilde Lara, acusada de regentar un prostíbulo donde trabajaban niñas, solicitó la absolución. Benavent basó su defensa en que las menores que fueron prostituidas "han mentido en sus declaraciones".

La red de corrupción de menores fue desarticulada por la policía hace más de dos años, tras seguir la pista que ofreció una de las niñas, que había desaparecido de su domicilio y luego fue encontrada. El fiscal pide más de 300 años, en conjunto, para los procesados, mientras que el acusador particular, que defiende los intereses de los padres de cuatro de las menores, solicita más de 500 años de prisión. La sentencia se espera para la próxima semana, según indicó ayer el presidente del tribunal, Francisco Monterde.