La banca de Alan García

LA APROBACIÓN por las Cámaras peruanas de la ley nacionalizadora de 10 bancos, 6 sociedades financieras y 17 compañías de seguros abre una nueva etapa en la evolución política del país. Se culminan dos meses de ásperos enfrentamientos dialécticos en el Parlamento y en la calle, de manifestaciones masivas a favor y en contra de la medida, en un clima tenso y pasional. El tono propagandístico del debate le ha restado precisión en el análisis de los efectos concretos de la decisión del presidente Alan García. Mientras éste sostenía que constituiría una panacea para mejorar la desastrosa situación económica peruana, Vargas Llosa se ha puesto al frente de la oposición de derechas que descalificaba sin matices estas nacionalizaciones, argumentando que suponen el entronizamiento del totalitarismo en el país.La ley ha sido aprobada después de sufrir algunas modificaciones formales introducidas para intentar evitar que las instancias judiciales paralicen su aplicación, y en esencia establece que unas comisiones interventoras designadas por el Gobierno se harán cargo, en un plazo inmediato, del sistema crediticio peruano, dejando para el futuro el espinoso tema de las indemnizaciones a los actuales propietarios. Éstos podrán seguir como accionistas minoritarios, pero la Administración se reserva la mayoría precisa para imponer sus criterios.

A la vista de la quiebra profunda que el tema ha provocado en la opinión pública peruana, todo hace pensar que la promulgación de la ley no pondrá fin a las incertidumbres y al frenazo de la actividad económica que ha provocado incluso en algunos de los círculos que acogieron con simpatía la victoria electoral de Alan García en 1985. En estas esferas se señala que con los gravísimos problemas que heredó, entre los que figura el terrorismo, no tiene demasiada lógica hacer de esa nacionalización el problema número uno, dándole prioridad absoluta ante todo los demás. El populismo tiende a buscar en medidas de efecto moral que despierten la fusión de las masas desesperadas la salida de problemas que requieren, si de verdad se quiere avanzar en su solución, realismo, eficacia y sentido práctico. Alan García ha optado por una huida hacia adelante cargada de peligros.

En el terreno económico, no hay razón para creer que la nacionalización ayudará al despegue de la economía. Muchos antecedentes indican lo contrario. El paso de los bancos a direcciones designadastásicamente por el Gobierno no hará surgir nuevos capitales productivos, y puede traducirse en un proceso de burocratización nefasto para la actividad económica. Por otro lado, las relaciones con el exterior quedarán gravemente afectadas, si no interrumpidas. La tentación de la autarquía -aunque sea con banderas revolucionarias- conduce a un camino desastroso.

En el terreno político, y ante cuestiones tan agobiantes como la deuda exterior, un amplio consenso de la sociedad peruana es indispensable para poder avanzar en un sentido progresista; Alan García contaba con las bases para lograrlo después de su lección. Pero la decisión de nacionalizar la banca ha provocado divisiones serias incluso en el partido gobernante. En cuanto a la lucha frontal contra la ley, encabezada por la derecha, no ha movilizado sólo a los dueños de bancos o grandes empresas, sino a sectores profesionales extensos, cuya aportación es ineludible si se quiere estimular el proceso económico.

La aprobación de la ley constituye, a primera vista, un triunfo de Alan García, que tomó la iniciativa de proponerla en la conmemoración de su segundo año de mandato presidencial. Pero un análisis frío de los hechos presenta con colores grises las consecuencias de tal triunfo.