Tribuna:LOS JÓVENES DE BARRIOTribuna
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La ley del más fuerte

Un simple paseo por el barrio sirve para comprobar que la única intervención institucional que diariamente aletea, y se vive y palpa como tal, sobre las vidas de menores y jóvenes en los barrios periféricos, y ya no sólo en éstos, es la policial, a la que seguirá normalmente la judicial e irremediablemente la penitenciaria. En cuanto a la asistencial, apenas si un pálpito (no hay dinero, te dicen)...Quizá si los gobernantes recordasen la existencia de la Constitución afrontarían las causas de esta indefensión, de la desigualdad entre los ciudadanos, víctimas de la mala educación cívica de los miembros de la Administración. Lo que pasa es que no saben o no se acuerdan de que éste es un régimen constitucional; por eso se lo recordamos, a ver si de esta forma hacen soportable la vida, hoy insoportable, de los habitantes de estos barrios, objeto de la beligerancia gubernamental contra los más débiles.

No se puede negar que hay subvenciones para recursos sociales, mas tan escasas y tan irregularmente y a destiempo repartidas, que lo suyo es denominarlas en justicia limosnas, paralelas al trabajo de grupos de personas que desde los mismos barrios tratan de mejorar sus condiciones de vida, despreciados, zancadilleados y estigmatizados oficialmente, pese a sus largos años de esfuerzo y experiencia. En este sentido, la aparente diferenciación ideológica de los Gobiernos que se han sucedido en el poder desde 1975 desaparece a la hora de mantener la ley del más fuerte, de manera que la pobreza se persigue atacando al pobre.

Y es en este marco en el que viven los más jóvenes una insufrible realidad, en el que prevén un inaceptable futuro, manifiestamente sin la menor alternativa a su desastroso presente, en el que nada tienen y del que nada esperan, siempre cargando con las culpas ajenas; sin opción a la esperanza, acaban cayendo en una forma más de sometimiento, de alienación y de destrucción: la droga.

Los toxicómanos

La misma droga que a ellos les destruye, beneficia notoriamente a otras personas (y no sólo a los traficantes: los objetos robados son comprados por individuos que los revenden, devolviéndolos al mercado, ya sean casetes, ya joyas, ya electrodomésticos. Los traficantes sólo quieren dinero. ¿Quién persigue a estos comerciantes, sin cuya intervención difícilmente sería rentable la delincuencia? ... ), pero los perseguidos son los toxicómanos, por más que la misma OMS vea en ellos a víctimas de una patología que requiere un tratamiento y un seguimiento terapéutico, social y sanitario. Se trata de inoculizarlos, aislarlos, perseguirlos, exterminarlos (¿qué si no son las prisiones españolas? Ciertos países, como la RFA, consideran, de cara a sus ciudadanos, que un día en una prisión española equivale a dos y hasta tres en una prisión alemana ... ). Una vez más, impotentes frente a la verdadera delincuencia, los gobernantes se dirigen a sus víctimas con el complaciente apoyo de un sector de la población previamente confundido por sus manipulaciones.Y se dirigen de forma selectiva, atendiendo al origen, la edad y el aspecto de los perseguidos, prevaleciendo el cálculo policial sobre la política social, la represión sobre la prevención, la fuerza sobre la sensibilidad, el maniqueísmo sobre la inteligencia, recreándose la política informativa en las medias verdades, confundida así la población, asustada e ignorante con respecto a las reponsabilidades policiales y administrativas, como en el caso del tráfico de drogas.

La llamada operación primavera, por ejemplo, es una prueba de esta política. La redada que más víctimas inocentes ha causado desde 1975, despreciando todas las normas propias de un Estado de derecho: se ha detenido a multitud de personas, que de inmediato serían puestas en libertad por falta de pruebas, confundiendo por enésima vez a consumidores, que sólo en algún caso trapicheaban unos gramos de hachís o heroína, con los de nuevo inalcanzables verdaderos traficantes, de los cuales, por cierto, no pocos serían advertidos previamente, adivinen por quién, del inicio de la redada; todo ello envuelto en un marco publicitario que no tiene precedentes en la historia de las agresiones institucionales a la intimidad en nuestro régimen constitucional. No caben mayores incompetencia, confusión e inseguridad que las creadas por esta redada, ya ni tan siquiera coreada por sus nostálgicos corifeos.

La pena 'yeyé'

No menores críticas merece el proyecto de ley sobre tráfico de drogas que se nos viene encima, demostrativo de la falta de conocimientos en el problema o de la falta de voluntad de resolverlo por parte del Gobierno.Traficantes no parece que vayan a caer muchos, pero toxicómanos, por lo que se ve, van a caer todos. El más elemental conocimiento de la realidad demuestra que la pena habitual para el tipo de delitos por el que son procesados los toxicómanos es la llamada yeyé, cuatro años, dos meses y un día, y que la compulsión invencible que crea la drogodependencia les lleva a reincidir desesperadamente, faltos del menor apoyo oficial de cara a su rehabilitación, lo que convierte en papel mojado los supuestos beneficios ofrecidos a los drogodependientes en este durísimo proyecto, pues aquellos que sean condenados a más de dos años y reincidentes no tienen derecho a los mismos.

Añádase a estos cómputos temporales las interminables prisiones preventivas y se comprenderá definitivamente que quien es detenido no puede ser rehabilitado. Por descontado, de la policía, patológicamente inútil en este campo, ni palabra. El señor presidente no parece darse cuenta, o sí, lo cual sería peor, de lo que significa mantener a su patético ministro del Interior, tan fuera de juego.

Ésta es la política social, como siempre accesible a unos cuantos, de este Gobierno, que para los jóvenes y menores representa mayor desigualdad y mayor indefensión, mayor desánimo, en una palabra, dramas que se resuelven con una teoría de la inseguridad basada en el maniqueísmo, la desinformación y la violencia, y definida por la pura represión.

Es evidente que la serenidad conllevaría otras posturas más propiamente constitucionales, como posibilitar la participación colectiva en las responsabilidades sociales, en la administración de la vida de los barrios, como apoyar a los jóvenes y menores en su proceso de aproximación al mundo adulto (lo que no se consigue con la violencia que se les ofrece), demostrando una sensibilidad real y no fraudulenta, como la actual, ante las injusticias; pero no parece ser serenidad la expresión que mejor convenga a este Gobierno, soberbio y despreciativo más allá de toda lógica; que ve fascismo en cualquier visión no favorable de la realidad, como bien sabemos los que pretendemos mejorar y hacer posible la vida allá donde las injusticias lo impiden.

Hay una frase que, no muy literalmente reproducida, viene a decir: "El Gobierno oye sólo su propia voz, sabe que lo que oye es su propia voz, pero la ilusión de que lo que oye es la voz del pueblo se convierte en una obsesión, en una exigencia de que el pueblo acepte esa ilusión". Tengo entendido que es original de alguien no especialmente bien visto por los miembros del Gobierno, que tras haberle exprimido largos años ahora le rechazan, ellos, socialistas y obreros, a él, a Carlos Marx.

En éstas estamos...

También firman este artículo Juan E. Yáñe,z Purificación Guerrero, Marisa Pérez Pérez, José Luis Carrera Marcén y Salvador Rodríguez Gallardo, miembros de la Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes de Madrid.

* Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 24 de septiembre de 1987.

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