EI padre de una niña que fue prostituida dice que ha sido secuestrada para que no declare
Antonio Mariscal, padre de una de las siete menores que fueron rescatadas por la policía de una red de prostitución infantil, denunció ayer que su hija ha sido secuestrada para que no declare en el juicio que se celebra en Valencia. "Creo que no va a aparecer. Seguro que la han amenazado", dijo Mariscal. El padre de la menor hizo estas declaraciones a algunos periodistas y no ante el tribunal, ya que no está citado como testigo.
Mariscal afirmó que esta misma denuncia la ha efectuado ante la policía y que vio a su hija por última vez hace 10 días. "Estaba muy asustada. Un gitano se la llevó y puede que esté en Barcelona", señaló. La joven, que ahora tiene 18 años, vivía con su madre y sus otras dos hermanas. Los padres están separados aunque visitaba con frecuencia a su padre. Según Antonio Mariscal, en una ocasión su hija le contó que Arturo Carrasco la llegó a amenazar con una pistola.Las coacciones, al parecer, no sólo se han efectuado sobre algunas de las niñas, sino de unos procesados a otros, según relató ayer a este periódico uno de los abogados defensores. Asimismo, cinco de los procesados que declararon ayer señalaron que sus declaraciones ante la policía se efectuaron "bajo amenazas". Uno de los inculpados, José Garrote, explicó: "Un agente me advirtió que allí [en prisión] eran 500 policías y que cada uno tenía un arma. La declaración la firmé temblando".
Privilegio
De los 34 encausados, sólo 32 se sientan en el banquillo, porque uno de ellos está siendo juzgado en rebeldía y otro se sienta junto a los defensores, vestido con toga, ya que es abogado y ejercita este privilegio. El fiscal pide para los inculpados más de 300 años de cárcel, en conjunto, por varios delitos de corrupción de menores, rufianismo, lesiones y falsificación, entre otros.
La red fue desarticulada a finales de 1984 y principios de 1985 tras la pista que ofreció una de las niñas que fue encontrada semanas después de su desaparición. Las siete menores tenían entre 12 y 16 años, y están citadas a declarar como testigos la semana próxima. Hoy, miércoles, y mañana, jueves, no se celebran sesiones porque los abogados participan en otros juicios.
El abogado procesado, Enrique Hernández Garcés, prestó declaración ayer. Está acusado de un delito de provocación al uso público de nombre supuesto. Según el fiscal, Hernández aconsejó que las menores se cambiaran de nombre para evitar que la red fuera descubierta.
Al igual que el primer día, no fueron permitidas cámaras fotográficas y de televisión en la sala. Los procesados volvieron a increpar a los periodistas y una de las regentes de casas de citas dijo: "Parece mentira que un Gobierno socialista permita que nos fotografien, ni que hubiéramos cometido un crimen. Con Franco no pasaba esto". Una familiar de Francisco Carrasco, uno de los encausados, golpeó con un ejemplar de periódico la cámara de la televisión catalana, TV-3.
Algunas de las encausadas que declararon ayer admitieron dedicarse a la prostitución, pero no a la corrupción de menores.
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