Debate en el seno del Gobierno por las libres designaciones de funcionarios

El Ministerio para las Administraciones Públicas ha promovido que varios organismos autónomos del Estado elaboren sus relaciones de funcionarios con la descripción de cada puesto de trabajo y la especificación de si ha de cubrirse por concurso o mediante ascenso de libre designación. Sin embargo, según fuentes gubernamentales, este propósito está encontrando fuertes resistencias entre los demás ministerios, principalmente el de Economía y Hacienda, lo que ha abierto un debate interno interministerial.

La Administración Pública española cuenta con cerca de un millón de personas (unas 970.000) a su servicio, entre ellas colectivos como el sanitario (cerca de 180.000), el militar (unos 61.000) o las fuerzas del orden (unos 150.000). La ley sobre Medidas para la Reforma de la Función Pública, promulgada en agosto de 1984, obliga a los ministerios a elaborar una relación de sus puestos de trabajo. Esta lista ha de incluir las retribuciones, la descripción de las funciones y los requisitos necesarios que deba reunir la persona indicada, así como el sistema de designación. Casi ningún departamento ministerial ha confeccionado tal lista. Lo hizo en su momento el Ministerio de la Presidencia, pero quedó invalidada con la última reforma ministerial, al pasar gran parte de sus centros directivos a depender de Administraciones Públicas. También elaboró tal relación el Ministerio de Industria.El Ministerio para las Administraciones Públicas, cuyo titular es Joaquín Almunia, ha redactado un borrador de ley que limita las libres designaciones a las secretarias de los altos cargos y a los niveles superiores al 26 (sobre un total de 30 niveles), a los que corresponden sueldos de más de 215.000 pesetas. Los organismos autónomos que han elaborado recientemente sus relaciones conforme a este criterio son el Consejo Superior de Deportes (con 284 funcionarios, 17 de ellos ascendidos por libre designación); las nueve confederaciones hidrográficas (1.415 funcionarios, 61 nombrados a dedo); la Mancomunidad de Canales Taibilla, de Aragón (75 y 2); y el Parque de Maquinaria (42 y 1).

Para su aprobación en el próximo Consejo de Ministros han sido elaboradas las relaciones de los servicios de Seguridad Social (43.000 empleos, un 3% de libre designación), del Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA), con 2.329 funcionarios; Vigilancia Aduanera, con 1.517 empleos; los 24 puertos, con 733 servidores públicos, y el Instituto de Cooperación Iberoamericana, con 142, entre otros. Administraciones Públicas espera tener para próximas fechas la lista del Ministerio para las Relaciones con las Cortes, encabezado por Virgilio Zapatero.

Oferta pública

Las relaciones de los empleos dependientes de los ministerios servirán para racionalizar la oferta pública de empleo de 1988 y tener perfecto conocimiento de las necesidades de la Administración.Sin embargo, estas pretensiones, según diversas fuentes gubernamentales, chocan con la independencia histórica del Ministerio de Economía y Hacienda, cuyos gestores siempre se han mostrado reacios a las directrices externas para sus funcionarios. Economía es uno de los departamentos que más han utilizado hasta ahora el sistema de ascensos por libre designación. El pasado agosto envió al Boletín Oficial del Estado la cobertura de 91 plazas mediante ese mecanismo, de un total de 228 entre todos los ministerios. Le seguía Interior, con 23.

Los argumentos esgrimidos por Economía tienen tres fundamentos, principalmente: la ley que obliga a elaborar los catálogos de funcionarios estaba recurrida (el Tribunal Constitucional dictó sentencia el pasado 11 de junio, si bien el fallo no afectó a la obligación de confeccionar la relación); los nombramientos por libre designación son técnicamente necesarios en muchas ocasiones, por la mayor agilidad de su trámite; y la maquinaria del Estado debe parecerse cada vez más a una empresa privada, en la que se producen con normalidad los ascensos sin concurso.

Esta última cuestión ha generado un incipiente debate interno entre altos cargos de varios ministerios.