Fracasa en Panamá una huelga para pedir la destitución del general Noriega

El cansancio provocado por dos meses de continuas protestas y las pérdidas económicas malograron la huelga empresarial de ayer convocada por la Cruzada Civilista para forzar la caída del general Manuel Antonio Noriega, jefe de las fuerzas armadas, y desgastar al Gobierno del presidente Eric Arturo Delvalle. Un helicóptero militar sobrevoló, de modo inhabitual, en la mañana de ayer, la ciudad y patrullas antidisturbios fueron destacadas en el área donde la oposición había convocado para la tarde de ayer (la madrugada en España) una concentración antigubernamental, no prohibida expresamente por las autoridades pero cuya celebración se puso en duda hasta el último momento. Las fuerzas de seguridad se retiraron una hora antes de la fijada para la manifestación que, finalmente, se llevó a cabo sin incidentes aunque con una asistencia bastante menor de la prevista. La retirada de los antidisturblos tras siete horas de patrullaje demostró que su misión era meramente intimidatoria.

Se trataba de la tercera concentración masiva de la Cruzada Civilista -que reúne al empresariado y a asociaciones profesionales- desde el, 10 de julio con el fin de pedir la destitución de Noriega, comandante en jefe del Ejército, y protestar por la actuación parcial de la justicia.

Fábricas, comercios, bancos, supermercados, farmacias y el servicio de autobuses trabajaron en su mayoría con relativa normalidad. Las tres universidades, las escuelas y colegios oficiales y privados sí permanecieron cerrados, dado que los gremios de profesores y maestros, encendidamente opositores, desatendieron el llamamiento del ministro de Educación, Manuel Solís, para que acudieran a sus trabajos.

En el área comercial, refuerzos policiales custodiaban las tiendas de ropa y comestibles, y muchas de las que habían cerrado en el paro anterior, el 27 y 28 de julio, abrieron ayer sus puertas. El Gobierno ha empezado a apretar las tuercas a aquellos comerciantes que apoyan los paros, y las tiendas de muebles, en su mayoría propiedad de españoles, han sido las primeras afectadas por estas medidas.