Contra el terrorismo

EL LLAMAMIENTO de la ejecutiva del PSOE recordando la responsabilidad de todos en la lucha contra la violencia terrorista es oportuna. Se produce en un momento en que, efectivamente, es más necesaria que nunca la máxima colaboración entre instituciones y fuerzas sociales, sometidas al chantaje brutal del terrorismo y al que, a caballo de éste, han empezado a ejercer determinadas sectores buscando imponer sus concepciones antidemocráticas.Debe reconocerse que el margen de maniobra que tiene el Gobierno entre estos dos chantajes es muy estrecho, pero hay que subrayar de nuevo que en el cumplimiento de su tarea tiene todo el apoyo de los millones de españoles que le han votado y el de todos los demócratas que desean el fin del terrorismo y el fin también de las maquinaciones que se urden a su amparo para recortarles la libertad. Las exigencias que la prensa de la caverna ventea estos días no tienen como único objetivo terminar con el terrorismo, sino reducir el espacio político constitucional y democrático. Estamos asistiendo a una intensa campaña de opinión que intenta hacer creer a los ciudadanos españoles que el éxito en la lucha contra el terrorismo pasa por la impunidad de los excesos y abusos policiales, por el recorte y aun la supresión de algunas libertades y por la acumulación de mayor poder -por encima incluso de los poderes constitucionales del Estado- en las fuerzas de seguridad. Urge que el Gobierno socialista se desmarque de esta maniobra.

En la intoxicación se suele aludir indirectamente, sin mencionarlas -posiblemente porque eso resultaría incluso excesivo para el pudor de quienes las rememoran-, a las prácticas supuestamente ilícitas que la clase política, la Prensa y la opinión pública han tolerado en otros países europeos en la lucha antiterrorista. Se trata de buscar una complicidad, o cuanto menos cierta comprensión, para el caso de que se reproduzcan aquí esos métodos.

A pesar de la buena voluntad que cabe atribuir al llamamiento socialista, resulta inconsentible que su texto recoja frases de animosidad contra la publicación de informaciones que, como las referentes a los detalles de la muerte de la terrorista Lucía Urigoitia, no son meras especulaciones, sino datos que, en la misma óptica de que la lucha contra ETA interesa a todos, no pueden privarse al conocimiento de la opinión pública. Por ese camino de censura se abre la ocasión a desmanes de unos u otros sectores del poder, en contradicción con los fundamentos del Estado de derecho que se dice querer preservar. El argumento de que divulgando ese tipo de hechos se ataca "a la estabilidad del Estado dernocrático" supone, además de una gravísima acusación lanzada sin responsabilidad alguna, un intento de anular todo aquello que limita su voluntad de controlar todo y a todos. En este asunto, la actitud de un Gobierno sensato debe ser fomentar la investigación y no precipitar sus conclusiones. En ese momento, como en todos los otros, no le faltará el apoyo social y de los medios de comunicación democráticos para acabar con las bandas terroristas. Pero bueno es que el Gobierno entienda esta colaboración como un ejercicio de solidaridad colectiva y no de subordinación a sus órdenes.

El único camino para acabar con el terrorismo es, junto a la adopción de todas las decisiones políticas necesarias, una mejor preparacióny una mayor eficacia de las fuerzas de seguridad, manteniendo un absoluto respeto a la legalidad democrática en la aplicación de esas dos líneas de trabajo. El Gobierno socialista ha sido el que más medios legales y materiales ha puesto a disposición de las fuerzas de seguridad, en general, y de aquellas que están en primera línea en la represión del terrorismo, en particular, y que ningún país europeo tiene una legislación especial tan dura contra el terrorismo como la que se puso en vigor en España en enero de 1984, con plazos para la detención policial de hasta 10 días y con una jurisdicción centralizada para enjuiciar ese tipo de delitos.

La lucha contra el terrorismo en nuestro país no pasa, pues, por nuevas reformas que traspasarían los límites mismos de la legalidad constitucional. En este sentido, el llamamiento que ahora se hace debería clarificar al máximo la clase de solidaridad que invoca. Malo sería que, alentando las emociones mas inmediatas y la justificada cólera de los ciudadanos contra la barbarie de ETA, se pretendiera amparar actuaciones descontroladas. No ya la dignidad, sino también la eficacia de la lucha antiterrorista pasa ineludiblemente por el fortalecimiento de los poderes del Estado. De todos los poderes del Estado, y sin que ninguno de ellos pretenda sabotear a los otros en una maniobra expansionista para ocupar en solitario la totalidad del espacio. Si la norma que reiteradamente presidió las declaraciones oficiales tras los atentados fue la de invocar la calma y recuperar la sangre fría en beneficio de una lucha más productiva, mal se entendería que la llamada actual fuera un enardecimiento colectivo.

La colaboración entre las instituciones del Estado y la sociedad es indispensable en la lucha antiterrorista, y será siempre bien venida cualquier iniciativa que lo fomente. Si la ocasión actual es también un punto de partida para mejorar la acción política y policial en ela lucha, mejor todavía. El momento puede ser tan crucial que el Gobierno debería aprovecharlo para realizar una autocrítica de sus medrosidades, de sus errores y de sus empecinamientos. Pretender cualquier maniobra para mal defender a ultranza sus acciones es tan irresponsable como mezquino.