Marruecos, ante la Comunidad Europea

Después de que, el pasado 15 de abril, Turquía solicitó el ingreso en la Comunidad Europea, Marruecos acaba de hacer lo mismo el 20 de julio.Claro está que la solicitud no es igual. Turquía pudo basarla en los artículos 98 del tratado creando la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, 237 del tratado creando la Comunidad Económica Europea y 205 del tratado por el que se crea la Comunidad Europea de la Energía Atómica, en los que se explicita que las tres organizaciones que configuran la Comunidad Europea están abiertas a cualquier Estado europeo que lo solicite cumpliendo una serie de requisitos.

Territorialidad

Marruecos, en cambio, no puede presentarse como país europeo ni en términos geográficos ni en términos culturales o religiosos. Se podrá decir -se ha dicho incluso- que el carácter europeo de Turquía resulta algo dudoso si nos atenemos a la distribución geográfica de su territorio entre Asia y Europa, y al mismo peso de su historia y trayectoria, pero, en todo caso, el Consejo de Ministros de la Comunidad no ha tenido más remedio que recibir la solicitud como conforme a los tratados europeos y, de momento, encargar a la Comisión Europea la elaboración del preceptivo dictamen.

En el caso de Marruecos, la cuestión se plantea con otros parámetros. El Consejo de Ministros de la Comunidad deberá ver de aquí a septiembre si da o no recepción a la solicitud de Marruecos en los términos en que Rabat plantea su interés por entrar en la Comunidad.

Para hacerlo se tendrían que modificar los tratados constitutivos de las Comunidades en lo explicitado por los artículos mencionados -al menos- y luego embarcarse en la evaluación propiamente dicha de la admisibilidad de la solicitud de adhesión, las condiciones en que podría llevarse a cabo la asunción por Marruecos del acervo comunitario y, por qué no decirlo, las compensaciones que habría que pactar con los países del sur comunitario más afectados por el eventual ingreso de Marruecos. Algo así como lo que pasó con los programas integrados mediterráneos, con acciones en favor de Grecia, Italia y el sur de Francia cuando Portugal y España entraron en la Comunidad.

Me da la sensación de que con los problemas actuales que tiene ante sí la Comunidad Europea sin el ingreso -aún- de Turquía ni de Marruecos, llegar a pensar que todo esto pueda acontecer parece absolutamente utópico.

Lo que ya no es tan utópico es pensar que, a través de esta petición formal de adhesión, Marruecos va a conseguir sensibilizar a la Comunidad sobre la necesidad de apoyar los esfuerzos de Rabat por enderezar la marcha de la economía del país y va a conseguir mejores compensaciones por el ingreso de España y Portugal en la Comunidad Europea de lo que están consiguiendo hasta ahora los países del sur del Mediterráneo por la concurrencia de sus productos para las exportaciones de Canarias -ciertamente, fuera de la política agrícola común por su especial engarce con la Comunidad- y de otras zonas del sur comunitario.

El momento presente de la economía marroquí está lleno de contrastes.

Marruecos tiene una extensión geográfica casi tan grande como la española, aunque sometida al problema de límites que supone la problemática del Sáhara, del Polisario y de lo que gira a su alrededor en esta materia; una población de casi 25 millones de habitantes y una renta per cápita inferior a los 1.000 dólares.

De acuerdo con el ranking del Banco Mundial, es el 529 país en extensión territorial, el 362 en cuanto a población y el 62º de mundo en cuanto a producto nacional bruto (PNB) total. Su producto bruto total es, para entendemos y para situarlo en términos de comparación que nos so próximos, algo menos de la mitad del PNB de Cataluña.

Es un país fuertemente endeudado frente al exterior -más de 7.000 millones de dólares- debe hacer frente a un servicio d la deuda de más de 1.500 millones de dólares al año, lo cual es mucho si consideramos que su exportaciones totales anuales s sitúan en torno a los 3.000 millones de dólares, con siempre elevado déficit de balanza comercial. Su orientación comercial exterior es similar a la español actual.

La Comunidad Europea es, con mucho, su principal abastecedor y su principal cliente (60

de sus exportaciones y 50% de sus importaciones), y los flujos de turismo, inversiones y remesas de emigrantes con los países europeos son de gran importancia.

Junto a todo ello, Marruecos tiene-buenas relaciones con e Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial, y es un de los países incluidos en el nonnato, o al menos nato a medias Plan Baker en tanto que país con fuerte problema de deuda exterior.

Pese a estas dificultades económicas, que, junto a cuestione políticas, han provocado toda una serie de tiranteces interna que no es el momento de comentar en esta oportunidad, Marruecos se ha decidido por una línea de apertura comercial exterior.

Tal es el sentido que hay que dar al hecho de que, después de años de vacilaciones, se convirtiera en la 94ª parte contratante del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) el pasado 17 de junio.

Marruecos está, con todo ello, ajustándose lo más posible a lo que podríamos denominar un alineamiento de ortodoxia económico-occidental, que con su solicitud de ingreso en la Comunidad trata ahora de reafirmar.

Nuevos retos

Por todo ello, la Comunidad tiene ante sí todo un reto a afrontar. Ya veremos cuál pueda ser la fórmula elegida para conseguir lo que el Ministerio de Asuntos Exteriores español ha calificado como "la vinculación más estrecha posible" para Marruecos con la Comunidad.

La Comunidad Europea tiene ante todo esto, y si no quiere ver acabada bruscamente su política mediterránea global, una auténtica nueva asignatura pendiente, que viene a añadirse a las que viene arrastrando normalmente.

España, miembro comunitario con varios contenciosos bilaterales con Marruecos, va a tener que seguir atentamente esta cuestión. Nuestro posicionamiento no va a resultar, empero, fácil, pues nuestros intereses económicos a corto plazo (pesca, agrios, etcétera) parecen difícilmente compatibles con la posición política global que España trata de mantener respecto a los países mediterráneos.