Las comunidades autónomas dispondrán este año de casi un billón de pesetas para su financiación

Las comunidades autónomas españolas -excluidas País Vasco y Navarra, que cuentan con un concierto económico propio- recibirán este año para su financiación alrededor de un billón de pesetas, entre la aportación del Estado y la recaudación de los tributos cedidos. El nuevo sistema "definitivo" de financiación, establecido según el artículo 13 de la ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), representa un incremento próximo a los 300.000 millones de los recursos de que dispondrán los Gobiernos autónomos. El cierre del sistema provisional de financiación supuso en 1986 unos ingresos para las autonomías superiores en 68.917 millones de pesetas a lo previsto.

El secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, hizo ayer público el balance de la financiación de las comunidades autónomas en 1986, año que cierra el ciclo provisional de financiación. En total las 15 comunidades autónomas adscritas al sistema general -el País Vasco y Navarra se rigen por los conciertos económicos dispusieron el pasado año para su financiación de 721.109 millones de pesetas.Esta cantidad representa 68,917 millones más de lo previsto, como resultado de los ajustes en la participación de la recaudación del Estado y de las compensaciones por insuficiencia de financiación. Concretamente, 44.523 millones provienen de 19.499 millones de mayor financiación para Cataluña y Galicia como resultado del acuerdo alcanzado en septiembre de 1985; de 6.060 millones generados por el deslizamiento al alza del porcentaje de participación porque la recaudación impositiva de 1985 fue inferior a lo presupuestado, y de 19.618 millones producto de que la recaudación conseguida en 1986, esta vez, superó ampliamente las previsiones. El ajuste final se ve disminuido por la reducción en 654 millones de las subvenciones del Estado.

En definitiva, las comunidades autónomas disfrutaron de un 9,57% de participación en los recaudación total del Estado (456.371 millones), a lo que hay que sumar los 212.000 millones a que ascendió la recaudación de los tributos que tienen cedidos y 28.258 millones en concepto de tasas.

Menor endeudamiento

En total, 696.716 millones de pesetas, a los que hay que sumar otros 21.073 millones por insuficiencias de financiación arrastradas de 1985 por diferentes conceptos: introducción del IVA, tasas de vivienda pública, trienios atrasados del personal docente y del personal auxiliar militar. A ello hay que añadir las garantías de 2.060 millones para Cataluña y de 1.260 millones para Valencia, aprobadas en Consejo de Ministros, que dan un total de financiación para el pasado año de 721.109 millones de pesetas.

Este aumento de la financiación, según los responsables de la Administración, se ha notado en la mayor liquidez de las comunidades autónomas, puesta de manifiesto en la baja espectacular de las emisiones de deuda pública con respecto a 1986, en que asecendieron a 80.000 millones de pesetas. El saldo vivo de la deuda pública asunfida por las autonomías sumaba a finales del pasado año 187.000 millones de pesetas. El endeudamiento total es muy superior, porque habría que contabilizar los créditos en pesetas y en moneda extranjera. La deuda total, difícil de precisar, supera ampliamente los 300.000 milones de pesetas.

El nuevo sistema de financiación, que ha entrado en vigor este año, representará un aumento de los recursos financieros de las autonomías. La distribución sufrirá variaciones, pues el coeficiente de población, el índice ide esfuerzo fiscal y otros baremos pasarán a ser la base del reparto.

Las previsiones se verán ampliamente superadas por la mayor recaudación impositiva del Estado, con lo que los 650.000 millones inicialmente calculados por este concepto se incrementarán en otros 35.000 millones. También la recaudación de los tributos cedidos a las comunidades autónomas han tenido un. aumento espectacular, y frente a los 212.000 millones del Ipasado año, durante 1987 se superarán los 250.000 millones. Para 1988 las autonomías recibirán otra inyección adicional con la cesión del impuesto sobre actos jurídicos documentados, unos 57.000 millones de pesetas.

El País Vasco representa un contencioso sin resolver desde 1981. Las diferencias entre este Gobierno autónomo y el central ascienden, en la hipótesis máxima, a unos 100.000 millones de pesetas que el País Vasco se resiste a reintegrar a las arcas del Estado.