La reforma pendiente

Desde octubre de 1986, al aproximarse la fecha en que seis de los 25 artículos de la ley antiterrorista perdían su vigencia, se viene especulando sobre la reforma de la legislación contra bandas armadas.El 4 de enero del presente año perdían vigencia los artículos 4, 5, 6, 19, 20 y 22 de la ley antiterrorista, que suprimieron la autorización para declarar la ilicitud y la disolución de asociaciones por el hecho de que sus dirigentes o miembros sean condenados por delitos de terrorismo.

También prescribió el permiso a los jueces para decretar la prisión incondicional, por un plazo máximo de dos años, a los acusados de delitos terroristas, "atendidas las circunstancias del caso y los antecedentes del inculpado". La firmeza del auto de procesamiento por delitos de terrorismo dejó de implicar la suspensión automática del ejercicio de un cargo público, y en los delitos de apología y provocación del terrorismo a través de medios de comunicación serán perseguidos los autores reales, sin que puedan ser asimilados a éstos los meros inductores y cómplices.

Asimismo dejó de tener efecto la autorización para atenuar las condenas a quienes desisten de continuar la actividad terrorista para reinsertarse en la sociedad.

El 24 de febrero, el presidente del Gobierno, Felipe González, anunció en el debate sobre el estado de la nación la derogación de la legislación antiterrorista. No obstante, comunicó que algunos de los preceptos que figuran en esta legislación especial irían a formar parte del Código Penal y de la ley de Enjuiciamiento Criminal. En esta última ley se incluiría el tiempo de incomunicación, sin pasar a disposición judicial, para un acusado de delitos de terrorismo. Según la propuesta del presidente, se ampliaría en 48 horas más la incomunicación, por lo que, unidas a las 72 que prevé el Código Penal, el tiempo de incomunicación pasaría de los 10 días actuales a cinco una vez aprobada la reforma.

Esta reforma se esperaba en un principio que fuese enviada al Congreso antes de las vacaciones de Semana Santa, pero de los proyectos redactados por el Ministerio de Justicia y enviados a la Moncloa ninguno ha sido aprobado por Felipe González. La última reunión del rninistro de Justicia, Fernando Ledesma, con el presidente del Gobierno para tratar de este tema se celebró el 9 de julio, pero, según fuentes oficiosas, las diversas soluciones para la ley antiterrorista quedarán pospuestas hasta después de agosto. El retraso en la derogación de la ley fue relacionado con el clima poco propicio para esta operación creado por las recientes declaraciones del nainistro del Interior, José Barrionuevo.