Oliver North y 'la hora de los centuriones'

El viernes, en la revelación más sensacional de la semana, North confesó que su principal mentor, el ex director de la CIA William Casey, íntimo amigo y confidente del presidente, y que empujó en todo momento a este oficial de marines, le propuso la creación de una super-CIA privada. La organización operaría al margen de los canales ordinarios de la Administración a través de operaciones encubiertas en todo el mundo, utilizando el fondo de los beneficios obtenidos por la venta de armas a los ayatolás de Teherán.Esté Gobierno dentro del Gobierno funcionaba fuera del control del presidente Reagan o de cualquier funcionario elegido por el pueblo y, por supuesto, al margen del Congreso. "Era una especie de junta, una red secreta que operaba en seria ruptura del sistema constitucional", denunciaron ayer varios legisladores. Ollie North, durante estos fascinantes cuatro días de julio (continuará declarando mañana), ha dejado claro que no era un incontrolado que actuaba solo. "Sé que la derrota es huérfana", ha dicho, pero todo esto no se habría podido hacer sin la ayuda de mucha gente en el Departamento de Estado, la CIA y el Pentágono".

Los que 'sabían'

Oliver North ha protegido decididamente al presidente -"no sabía del desvío de fondos a los antisandinistas"-, pero ha ampliado la red de altos cargos que sí que sabían. Ha introducido en esta categoría a los secretarios de Estado, George Shultz, y de Defensa, Caspar Weinberger, y al ministro de Justicia, Edwin Meese, con incalculables consecuencias políticas para la Administración.

Aunque Ronald Reagan se ha declarado "muy satisfecho" del testimonio de North, que parece salvarle personalmente de haber mentido al pueblo americano, persisten las dudas sobre su inocencia final.

Parece incomprensible que Casey, quien desgraciadamente reposa en un cementerio de Nueva York, no le contase la operación de desvío de dinero a los contras aunque fuera de una forma general, ha declarado el también ex director de la CIA William Colby.

En más de 30 horas de declaración North ha admitido que mintió al Congreso -"y no me arrepiento"-, que destruyó documentos para proteger a su comandante en jefe, Ronald Reagan, y que altos personajes de la Administración colaboraron en una política de encubrimiento de la venta secreta de armas a Jomeini y del posterior desvío de fondos a la contra. Un testigo que inició su testimonio como acusado ha dado la vuelta a la situación y se ha convertido en acusador del Congreso, al que engañó, y del que dijo que no entendió "la batalla contra el comunismo que se libra en Centroamérica". Culpó al "sisteina" de lo ocurrido. "Sonaba como un coronel latinoamericano a punto de solicitar la abolición del Parlamento", ha comentado el escritor James Michener.

Éstos han sido los principales argumentos esgrimidos: "Creí en todo momento que contaba con la aprobación de Reagan, que solicité en cinco documentos secretos, lo que resultó finalmente no ser cierto". "El Congreso nunca aprobó una ley que prohibiera lo que hicimos". "El Consejo de Seguridad Nacional no era una agencia de inteligencia a la que podía aplicarse la enmienda Boland, que prohibía la ayuda militar de Estados Unidos a los contras". "No hice nada que no fuera obedecer". "No es fácil para hombres honrados, sentados en la Casa Blanca, tener que sopesar entre mentiras y mentiras, pero estaban forzados a hacer lo que hicieron porque no se ha resuelto la vieja batalla entre el Congreso y la presidencia sobre la dirección de la política exterior".

Así ha explicado cómo un oficial de rango intermedio se convirtió en la práctica en un secretario de Estado en la sombra que se permitía, entre otras cosas, prometer a los iraníes que EE UU les ayudaría a derrocar al régimen de Irak. Ha quedado claro que, para North, Reagan no debe tener limitaciones legales en la dirección de la política exterior del país, que el fin justifica siempre los medios empleados y que la fidelidad de los funcionarios a su jefe está por encima de la Constitución.

"Fuerza intestinal"

North ha defendido con "gran fuerza intestinal", en palabras del senador Howell Heflin, que los límites de la democracia no se aplican a las operaciones encubiertas de las que una superpotencia como EE UU no puede prescindir.

Aunque el fiscal especial, Lawrence Walsh, y su equipo de 100 investigadores creen que podrán lograr un proceso criminal por conspiración contra North y otros altos cargos de la Administración, 26 congresistas y los mejores abogados del país no pudieron esta semana probar que este teniente coronel haya cometido un delito.

Hasta ahora ha ganado la batalla a unos comités investigadores divididos, los republicanos quieren subirse al tren de North y proteger al presidente, acabando cuanto antes, y los demócratas, muchos de los cuales votaron a favor de la ayuda a los antisandinistas, temen pagar en las presidenciales un ataque frontal contra Reagan, que aún es popular.

Se percibe que este Congreso, que ya está pensando en las elecciones de 1988, no quiere otra presidencia acabada en desgracia.