Reagan pide añadir a la Constitución una declaración de derechos económicos

Ronald Reagan pidió ayer que se añada a la Constitución de Estados Unidos, que cumple este verano 200 años, una declaración de derechos económicos. En un discurso al aire libre en Washington, el presidente se refirió al derecho al trabajo, al disfrute de los frutos del mismo, al derecho a tener propiedades y al derecho al libre mercado. La propuesta presidencial, que requeriría una nueva convención constitucional, es pura propaganda, políticamente impracticable.

La ley suprema sólo contempla los derechos políticos y civiles de los ciudadanos, no los económicos, lo que ha sido denunciado como un fallo por la izquierda norteamericana.Reagan, utilizando la oportunidad de la víspera del Día de la Independencia, reiteró ayer también la necesidad de enmendar la Constitución para establecer la obligatoriedad de equilibrar el presupuesto. Como novedad, el presidente dijo que debería requerirse una "supermayoría" en el Congreso, no bastando la simple, para aumentar los impuestos.

Con una mezcla de orgullo y espíritu crítico, los norteamericanos están celebrando el 200º aniversario de la elaboración de la Constitución, creada en Filadelfía por 55 delegados de las 13 colonias rebeldes de Inglaterra a lo largo del cálido verano de 1787. Pero a esta celebración le falta la exaltación patriótica que rodeó el pasado año la fiesta de la Independencia, el 4 de julio en Nueva York, bajo la estatua de la Libertad.

La conmemoración del documento que inventó una nación y creó un sistema político que inspira hoy las cartas magnas de 160 países, coincide paradójicamente con el Irangate, un escándalo político producido por un presidente y un poder ejecutivo que muy posiblemente han actuado en violación de los principios constitucionales que ahora celebran. La sombra de la Constitución, 7.567 palabras con las 26 enmiendas incluidas, es omnipresente estos días en Washington y es utilizada por todos los actores de este drama.

El presidente ha incumplido su juramento de observar la Constitución y se ha situado por encima de la ley, acusan sus críticos, a lo que Reagan responde que la Constitución no le pone limitaciones en la conducción de la política exterior. Oliver North, el teniente coronel de marines principal responsable del Irangate, ha escudado su silencio durante siete meses al amparo de la quinta enmienda constitucional, que establece que "nadie puede ser testigo contra sí mismo".

Debate nacional

El aniversario de los dos siglos ininterrumpidos bajo la Constitución ha servido para abrir un debate nacional sobre la oportunidad de su revisión. Los últimos acontecimientos políticos y la creciente parálisis producida, sobre todo en el tema del presupuesto, por el hecho de que la Casa Blanca y el Congreso estén casi siempre en manos diferentes, hacen preguntarse a muchos si la separación de poderes y el sistema delicado de controles y equilibrios dibujados en 1787 no conducen a una peligrosa inacción.Se pensó en separar los poderes para que ninguno pudiera dominar, no hubiera un presidente absoluto al estilo de los monarcas europeos y para preservar así las libertades. "Pero los creadores de la Constitución", afirma el especialista Louis Fisher, "no quisieron un sistema político tan fragmentado en su estructura ' tan dividido en autoridad, que el Gobierno no pudiera funcionar".

El presidente en EE UU es a la vez el jefe de Estado y el primer ministro, el símbolo de la nación y su principal actor político. Desde Nixon hasta Reagan, los sucesivos inquilinos de la Casa Blanca a duras penas han logrado cumplir bien las dos funciones. Además, desde 1945 sólo tres presidentes han disfrutado de un período de cuatro años durante los cuales su partido controlaba las dos cámaras del Congreso.

Una serie de expertos y ciudadanos reunidos en un llamado Comité sobre el Sistema Constitucional ha sugerido la posibilidad de ir hacia un sistema parlamentario de tipo británico, en el que el líder de la mayoría más votada se convierte en primer ministro y cuenta con una mayoría en el Parlamento.

Bajo este hipotético arreglo, el jefe del Gobierno de EE UU sería actualmente el demócrata Jim Wright, el líder de la Cámara de Representantes. Las crisis del Watergate y del Irangate hubieran podido ser resueltas por un voto de confianza en el Parlamento, con la caída de dos Gobiernos, sin necesidad de esperar al fin natural de la presidencia o acabar con el presidente provocando un trauma nacional.

Tímidas ideas

Se trataría de conseguir mayorías sólidas introduciendo listas cerradas y bloqueadas, permitiendo que el presidente pudiera escoger como miembros del Gobierno a legisladores, aumentando el período de mandato de los congresistas a cuatro años (ahora sirven sólo dos), y el de los senadores, de cuatro a ocho. Las elecciones legislativas se harían coincidir con las presidenciales. Otra idea que se baraja es aumentar a seis años el mandato presidencial, que no podría repetirse.Pero sólo son ideas, muy minoritarias, intercambiadas entre algunos expertos, y nadie cree probable ni realmente necesaria la convocatoria de una segunda convención constitucional para acabar con la separación de poderes. Puede que el Ejecutivo funcionara más efectivamente pero se concluiría con el Parlamento más vivo de Occidente.

En 200 años, la Constitución ha ido adaptándose a la realidad muy lentamente y respetando su principio esencial de tres poderes separados, que han sido comparados a las tres quillas de un trimarán. La adaptación, sobre todo en materia de derechos civiles y sociales, se ha producido a través de la revisión judicial e interpretación que realiza constantemente el Tribunal Supremo.

Para los puristas de la Administración de Reagan, los jueces han ido demasiado lejos, abusando de la intención de los padres constitucionales, y están actuando como legisladores.