El imperio del derecho y el uso de la fuerza

El pasado sábado 27 de junio se cumplió un año desde la lectura de la sentencia del Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) en el caso de Nicaragua contra Estados Unidos. La actitud del Gobierno norteamericano, tanto a lo largo del proceso como tras el fallo del alto tribunal, que ha declarado no aceptar, ha sido objeto de repulsa tanto en España como en el rdsto, del mundo, incluidos amplios sectores de la ciudadanía estadounidense.La decisión de la corte puede ser criticada fundamentalmente en algunos aspectos formales; así, buena parte de los especialistas estima que el Tribunal ha forzado la interpretación de artículos de su propio estatuto para poder llegar a condenar a EE UU. No ocurre lo mismo con sus consideraciones de fondo, que son claras y taxativas, y que, salvo por autores (y no todos) norteamericanos, han sido consideradas como pieza angular para un derecho internacional de convivencia.

Según la sentencia, el derecho, tanto por costumbre y por tratados multilaterales, condena actualmente el uso de la fuerza armada (salvo escasísimas excepciones, fundamentalmente la legítima defensa individual o colectiva) y la intervención en los asuntos de otro Estado; proclama el derecho de todo país a escoger libremente su política tanto exterior como interior y estima que está prohibido el uso indirecto de la fuerza, a través del entrenamiento, pago, o cualquier forma de cooperación sustancial con grupos guerrilleros que intenten derrocar a un Gobierno. La ayuda a los Gobiernos está, en cambio, permitida.

El Tribunal no aceptó la alegación, presentada por Washington antes de retirarse del proceso (lo que obligó a condenarlo en figura procesal parecida a la de rebeldía en derecho español), de legítima defensa colectiva, al no darse las premisas necesarias. Ello es importante porque el Gobierno, de Reagan no refuta en absoluto la existencia y vigencia del derecho internacional, sino que lo que hace es interpretarlo unilateralmente, decidiendo que la corte no es competente en este caso y negándose, en consecuencia, a cumplir la sentencia.

Actitud peligrosa

Tal actitud es sumamente pelígrosa, incluso para los propios intereses a medio y largo plazo estadounidenses, que a menudo son postergados por consideraciones oportunistas inmediatas.

En general, la Administración norteamericana actual ha apostado por un intento de paulatino retorno a la situación previa a la Carta de las Naciones Unidas, como señaló Leo Matarasso, presidente de la Liga Internacional de Derechos de los Pueblos. Así, el abandono de la Unesco, las crecientes reticencias respecto a las Naciones Unidas y la ayuda multilateral al desarrollo, sustituyéndola cada vez más por préstamos o donaciones bilaterales, más controlables políticamente; es decir, una vuelta al unilateralismo en las relaciones internacionales. Pero EE UU ha sido, desde cualquier parámetro objetivo, uno de los principales beneficiarios de un orden mundial que él ha contribuido decisivamente a crear. Intentar romperlo es avanzar a una terra incognita, con creciente descontrol.

El derecho internacional intenta establecer unos mínimos de convivencia y cooperación, y un Estado que se proclama como modelo del mundo libre no puede legítimamente acusar a la URSS y a los países socialistas de no haber aceptado jamás la jurisdicción del Tribunal, o demandar ante ésta a Irán en el caso de la retención de su personal diplomático y consular y, en cambio, negarse a someterse a la competencia del tribunal cuando el previsible fallo no vaya a ajustarse a sus intereses.

La única vía abierta, dada la casi absoluta inoperancia del Consejo de Seguridad, bloqueado en este caso por el veto de Washington, es apelar a la moral internacional, haciendo llamamientos a los Parlamentos de todos los Estados para que soliciten a la Administración norteamericana el cumplimiento de la sentencia. Ambas premisas, sin embargo, parecen, en el momento actual, altamente utópicas.

es profesor titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Barcelona.