España vetará nuevos intentos de liberalizar el transporte aéreo si afectan al aeropuerto de Gibraltar

España ha advertido que está dispuesta a impedir cualquier nuevo intento de la Comunidad Europea por aprobar una liberalización del transporte aéreo en Europa (CE) que afecte a Gibraltar y recurrirá incluso a un procedimiento excepcional que le permita vetarlo. El titular de Transportes, Abel Caballero, formuló esta amenaza, según revelaron fuentes comunitarias y confirmaron otras españolas, en el curso del Consejo de Ministros que concluyó ayer de madrugada en Luxemburgo sin adoptar la "desregulación" aérea a causa del contencioso hispanobritánico sobre la inclusión en las directivas del aeropuerto del Peñón.

Desde que, en la noche del martes al miércoles, entró en vigor el Acta única, la mayor reforma de la CE desde su fundación, hace 30 años, los proyectos relacionados con el transporte aéreo pueden ser aprobados por mera mayoría cualificada -hasta entonces era necesaria la unanimidad-, por lo que un voto en contra de la delegación española no bastaría, en principio, para impedir su puesta en práctica.Pero, a pesar del Acta única, los Estados miembros siguen disponiendo de un derecho de veto cuando consideran que sus intereses nacionales vitales están en juego, y la delegación española no dudará en recurrir a este procedimiento, conocido como el compromiso de Luxemburgo porque fue justamente utilizado por primera vez en el Gran Ducado por Francia en los años sesenta. Su empleo tiende, sin embargo, a ser cada vez más excepcional y menos frecuente, y algunos expertos dudan incluso de su validez jurídica.

El fracaso del Consejo de Ministros de Transportes de principios de serriana da al traste, por ahora, con la ansiada liberalización aérea, porque, aunque el Reino Unido y España se pusiesen súbitamente de acuerdo sobre las modalidades de su aplicación a la colonia británica, las normativas comunitarias no podrían ser aprobadas.

Con la entrada en vigor del Acta única, proyectos de esta índole no pueden ser elaborados sin evacuar consultas con el ParIamento Europeo y el Comité Económico y Social, y en el remoto supuesto de que la Comisión Europea se animase a seguir este sinuoso procedimiento para lograr la aprobación del conjunto de medidas de "desregulación", éstas no serían aprobadas, en el mejor de los casos, hasta principios del año próximo, según precisó un portavoz del Ejecutivo europeo.

La amenaza española de echar mano del compromiso de Luxemburgo contribuirá, sin duda, a disuadir a la Comisión Europea de reanudar, a través de los mismos cauces, su batalla a favor de una mayor competencia entre compañías aéreas, según se deduce también de las declaraciones de máximos responsables.

Preguntado en la madrugada del martes sobre el porvenir de la en aviación comercial el viejo Continente, Clinton Davis, comisario de Transportes, se limitaba a contestar que lo sucedido "es una tremenda derrota para la liberalización en Europa".

También se declaró "desconcertado" el comisario encargado de la competencia y principal artífice del abortado proyecto de la liberalización, Peter Sutherland. Algunas fuentes aseguran que el funesto resultado alcanzado en Luxemburgo le ha convencido de que sólo le queda una opción si pretende ser fiel a sus principios: denunciar ante el Tribunal de Justicia de la CE a las líneas aéreas y, eventualmente, a los Estados por los acuerdos bilaterales que han concluido y que infringen las reglas de la libre competencia recogidas en el Tratado de Roma, que dio lugar a la Comunidad.

Esta vía reviste el inconveniente de ser lenta -la corte de Luxemburgo puede tardar hasta dos años en emitir una sentencia- y acarrea el riesgo de instaurar una pelea salvaje entre compañías, porque, una vez declarados nulos los acuerdos, las nuevas normas de la competencia no quedarán recogidas en ningún texto legal.

Otra solucion consistiría en desglosar del paquete de la liberalización la parte referente al acceso al mercado y sus aeropuertos, empezando por el de Gibraltar, pero este aspecto era, desde un punto de vista económico, el más importante de la "desregulación", y es harto dudoso que países como Holanda o el Reino Unido acepten renunciar a él.

En Luxemburgo, España pidió que la liberalización no fuese aplicada a la Roca, porque consideraba que suponía la mejora de la situación de un territorio cuya soberanía reivindica y temía además que se vaciasen así de contenido las conversaciones que, desde noviembre de 1985, Madrid y Londres mantienen sobre el porvenir del aeropuerto. La delegación británica se negó a aceptar la puesta entre paréntesis del aeródromo de su colonia.