Los consejos sociales quieren mayor autonomía para la investigación universitaria

Los consejos sociales de las universidades (CSU) están preocupados por el funcionamiento de la política oficial de inversiones para la investigación universitaria. Sus presidentes opinan que los fondos destinados a la investigación universitaria distribuidos hasta ahora por la Comisión Asesora Científica y Técnica (CAICYT) deberían ser entregados directamente a las universidades.Los presidentes de los consejos sociales de 21 de las 31 universidades públicas españolas celebraron el pasado lunes una reunión en la universidad de Alcalá de Henares para intercambiar experiencias y opiniones acerca de la efectividad de estos órganos de representación de la sociedad en las universidades, creados por la ley de Reforma Universitaria (LRU).

Los presidentes aspiran a llegar a constituir una entidad de enlace y coordinación permanentes entre todos los CSU de España, por lo que han decidido funcionar en forma de "asamblea permanente", que en el futuro podría materializarse en una "conferencia de presidentes". Tanto éstos como los secretarios de los CSU se reunirán anualmente, pero de modo que la periodicidad de los contactos sea semestral. El orden de las reuniones se estableció alfabéticamente, por lo que la próxima asamblea de presidentes será en jumo del año próximo en Alicante. Los secretarios se reunirán en diciembre de este mismo año en Alcalá de Henares.

Contratación de profesores

En su primera reunión formal, los titulares de los CSU analizaron los problemas relacionados con la contratación de los profesores no numerarios y, al respecto, coincidieron en reiterar su extrañeza ante la doctrina derivada de una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que estableció la incompetencia de los consejos sociales para intervenir en la política de plantillas docentes de las universidades. El alto tribunal interpreta que ésa es una materia de la exclusiva competencia de las instancias académicas de la universidad congruente con su autonomía, definida ésta por el propio Tribunal como un "derecho fundamental".Otra cuestión analizada en la reunión de Alcalá de Henares fue la reforma de los planes de estudio. Los presidentes consideran que el Consejo de Universidades debió contar más con los consejos sociales desde el comienzo del proceso de dicha reforma, con la que se sienten imperiosamente comprometidos precisamente porque son los órganos que, por definición, más llamados están a representar los intereses e inquietudes de la sociedad ante sus respectivas universidades.

Los problemas de la investigación universitaria constituyeron uno de los principales focos de atención en la reunión de Alcalá, según fuentes de la misma. Para los presidentes de los CSU, la Dirección General de Política Científica mantiene invariablemente el criterio ("equivocado", en su opinión) de que las universidades no tienen capacidad para valorar sus programas de investigación. Un alto porcentaje de los fondos destinados a la investigación universitaria depende casi exclusivamente de ese criterio de la Administración.

Los CSU creen que lo correcto sería que el ministerio otorgase a las universidades la plena capacidad para la decisión, análisis y valoración de sus propios programas investigadores y, desde luego, que se entregasen directamente los fondos económicos a las universidades para que sean éstas las que los administren.