El secuestro como protesta

EL SECUESTRO de empresarios o directivos por parte de trabajadores es un hecho que sobresale entre todos los que han contribuido a dar una imagen violentaa la ola de conflictos sociales y laborales que ha sacudido España en los últimos meses. Junto a los cortes de carreteras y vías férreas, el incendio de vehículos y la colocación de barricadas, entre otras acciones de fuerza, la detención ilegal de empresarios se ha configurado como un instrumento para llamar la atención de los poderes públicos sobre empresas en reconversión o sobre reivindicaciones laborales.Desde que el 11 de marzo pasado fuera retenido por la fuerza el gerente de Forjas y Aceros de Reinosa, Enrique Antolín, poco después de ser designadoconsejero del nuevo Gobierno vasco, la misma escena se ha repetido con cadencia preocupante en el conflictivo escenario laboral de los últimos meses. Y en alguna ocasión, el procedimiento ha sido imitado con éxito fuera del marco laboral, como es el caso de la retención por los vecinos de Aldeadávila (Salamanca) del vicepresidente de la diputación salmantina, en protesta contra el proyecto de instalación de un laboratorio de re:siduos radiactivos. La prudencia política a que sin duda obliga el áspero fondo social en que florecen estos hechos induce a calificarlos eufemísticamente de retención, cuando, en sí mismos considerados, ofrecen tina nítida apariencia delittiva, lo mismo que la llamada retención policial encubre casos de detención ¡legal, o la retención revolucionaria, de la que sin el menor pudor habla Herri Batasuna refiriéndose a los secuestros de ETA, oculta, ni más ni menos, que la extorsión y el crimen.

Es cierto que estos tres tipos de retención, fuera del nombre y del intento de camuflaje que revelan sobre la verdadera naturaleza de los hechos, tienen poco en común entre sí, salvo la apelación a la violencia para la resolución de los conflictos sociales. La que protagonizan los trabajadores de una empresa se produce en medio del clima de tensión y de desesperación que genera la defensa del puesto de trabajo en peligro de extinción. Su autoría, como en una especie de Fuentecivejuna, es colectiva, y en la práctica, anónima. Y en algunos casos hasta existen sospechas sobre la connivencia del retenido en la operación, generándose así un nuevo síndrome de Estocolmo de características peculiares. En tales circunstancias, establecer responsabilidades concretas en la comisión de los hechos no es tarea fácil, pero sorprende que la autoridad del Estado no intente ni siquiera averiguarlas. Porque en es-tos supuestos, además del castigo a los culpables de hechos presuntamente delictivos, lo que se pone en juego es la eficacia y la viabilidad de los mecanismos legales del Estado democrático para la resolución de los conflictos. Si métodos como estos llegan a convertirse en hábito y pasan a formar parte de la práctica social se estará a un paso de potenciar los nunca dormidos demonios famidiares de la insolidaridad y de la invertebracíón que acechan desde antiguo a la sociedadespañola.

Pero no solamente el Estado está obligado a actuar. Los sindicatos deben demostrar que están más interesados que nadie en que tales métodos desaparezcan como instrumentos de lucha social.

Desde las centrales se le ha exigido al Gobierno mayores dosis de prudencia en el tratamiento de los conflictos laborales o sociales y en la utilización que se hace en los mismos de las fuerzas de orden público. También se ha denunciado con razón el vandalismo y la represión indiscriminada que en ocasiones han protagonizado las fuerzas policiales con ocasión de conflictos de raíz social. Es cierto que cuando la infracción de la ley es obra del Gobierno y de sus agentes, el hecho es mucho más grave, y el daño que se inflige a la convivencia, infinitamente mayor. Pero nada de eso es argumento suficiente para que quienes exigen con todo derecho a otros el respeto de la ley no pongan todo el empeño en respetarla ellos mismos. Su crédito como organizaciones responsables está en juego.