Un juez impide en Argentina la publicación de un anuncio a favor del general Videla

La acción conjunta de los sindicatos que representan a los trabajadores vinculados con la edición y distribución de periódicos impidió que se publicara ayer en Buenos Aires un anuncio de "reconocimiento y solidaridad" con Jorge Videla, el general que encabezó el golpe de Estado en 1976, actualmente condenado a prisión perpetua. El juez de instrucción Martín Irurzun aceptó el recurso de amparo presentado por los dirigentes sindicales, que invocaron el artículo 213 del Código Penal argentino, que castiga "la apología de un condenado por delito".

La decisión del juez, comunicada por la policía a los responsables, llegó justo a tiempo para evitar la publicación. Las empresas editoras de Clarín, La Nación, Crónica, La Prensa y Ámbito Financiero, los cincos periódicos de distribución nacional más importantes del país, habían aceptado sin reservas el breve texto acompañado de 5.800 firmas auténticas. En la redacción de la noticia, los cinco diarios coinciden en destacar que "un juez impidió la publicación de una solicitada".El Gobierno de Raúl Alfonsín tenía informes de los servicios de inteligencia sobre la campaña de recolección de firmas y fondos para la publicación. El coste total de la operación suma más de 40.000 dólares (unos cinco millones de pesetas). Los periodistas de Clarín hicieron llegar copias del texto al ministro del Interior, Antonio Tróccoli. Pero la presentación ante el juez fue decidida luego de una asamblea realizada en la redacción de Clarín. Los dirigentes de la Unión de Trabajadores de Prensa, el gremio que agrupa a los periodistas, el Sindicato Gráfico y el de Vendedores de Diarios y Revistas, reclamaron luego la intervención del juez de turno.

La intención de publicar un texto en el que se expresa la solidaridad con Videla, como "presidente de la República y comandante en jefe del Ejército, que defendiera a la nación en la guerra desatada por la agresión subversiva", se inscribe en la ofensiva que lleva adelante la derecha civil y militar en momentos en que el Parlamento debate el proyecto de ley que reglamenta la obediencia debida en las fuerzas armadas. De aprobarse, tal como fue enviado por el poder ejecutivo, la exención de proceso "por coerción irresistible" ante una orden recibida sólo beneficiaría a los militares que entre 1976 y 1983 tenían grados inferiores a coronel del Ejército de Tierra o su equivalente en las otras fuerzas. El Senado iniciará mañana el debate luego de que el proyecto fuera aprobado sin enmiendas por los diputados.

El anuncio pretendía reivindicar a Videla y su guerra sucia, pero servía también como una demostración de fuerza y poder. Entre las 5.800 firmas que la avalan están la mayoría de los civiles y militares que ocuparon cargos durante la dictadura, como el entonces superministro José Alfredo Martínez de Hoz. Pero también aparecen comprometidos los representantes de la oligarquía terrateniente que hasta ahora permanecían en el anonimato.

El Gobierno impulsó la demanda judicial iniciada por los gremios de la Prensa, pero ningún funcionario intervino personalmente en el conflicto. El presidente Alfonsín asistió ayer a la ceremonia con que se recordó en la Casa Rosada -la sede del Gobierno- el 177º aniversario de la Revolución de Mayo. Después, el presidente se marchó a Uruguay, donde mantendrá una cumbre con el presidente de ese país, Julio María Sanguinetti, y el de Brasil, José Sarney. Alfonsín estará tres días en Uruguay.

La coincidencia de este viaje con el debate en el Senado descarta la posibilidad de una enmienda o agregado al proyecto de ley para convertirlo a una amnistía amplia que cubra a todos los militares en activo, tal como se lo reclamaron a Alfonsín varios senadores y diputados de su partido. Los legisladores radicales están divididos, como la oposición, entre quienes se niegan a votar el proyecto por considerarlo una claudicación ética y los que están dispuestos a acceder a la anmistía para -según ellos acabar con lo que llaman "el problema militar".