Las autonomías luchan por arrebatarse nuevas empresas

Santiago Marraco, presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, se confiesa dispuesto a llevar ante los tribunales europeos a una comunidad limítrofe, porque siente lesionados los derechos de su región por la política de incentivos fiscales y de subvenciones de créditos que otorgan sus vecinos para atraerse inversiones. El desarrollo del proceso autonómico no sólo ha producido tensiones entre los Gobiernos regionales y la Administración central, sino que también ha generado fricciones y agravios entre unas y otras comunidades.En Rioja, según afirma su actual presidente, José María de Miguel, también se está produciendo un traslado de empresas e inversiones desde Logroño y Calahorra a poblaciones vecinas de Álava y Navarra como Oyón, Viana o San Adrián. Los motivos de la fuga de empresas coinciden al pie de la letra con los apuntados por Santiago Marraco.

La carrera entre las distintas comunidades autónomas por arbitrar ayudas a la inversión en sus territorios respectivos, articulada a través de exenciones fiscales y subvención de tipos de interés para los créditos, ha propiciado también situaciones de competencia desigual entre empresas de un mismo sector, que trabajan para un mismo mercado, pero que están ubicadas en regiones distintas.

El Gobierno central, que observa con preocupación estas prácticas, confía en que la estricta normativa de la Comunidad Europea en estas materias ponga fin a las mismas. "Si nosotros no somos capaces de poner orden", comenta confidencialmente un ministro, "la CE se encargará en breve de hacerlo". Muchos empresarios, entre tanto, están prácticamente subastando a la baja, entre distintas comunidades de una misma zona, la realización de unas inversiones que ya tenían decididas previamente.

Más oferta que demanda

Hay un caso notorio en que la política de incentivos a la inversión ha dado muy pocos resultados. Se trata de Extremadura, región que ha dedicado recursos considerables a esta política de captación de inversiones. En 1985, la Junta de Extremadura firmó un convenio con entidades financieras de la región, por el cual éstas creaban una línea de crédito y la Junta subvencionaba de tres a cinco puntos. El 73% del volumen disponible ha quedado sin solicitar, y muy pocos créditos han sido formalizados. Según el consejero regional de Industria, "faltan empresarios en la región; no descalificamos a los que hay, pero constatamos el insuficiente número de los mismos".Los intentos de atraer inversiones de fuera de Extremadura se han saldado con algún fracaso sonado, que ha producido la pérdida de avales concedidos por más de 100 millones, debido a las escasas garantías solicitadas a los inversores potenciales.

La Junta de Castilla-La Mancha, por su parte, ha subvencionado con 2.500 millones de pesetas a 200 empresas en la denominada Gran Área de Expansión Industrial. La subvención, según fuentes del Gabinete autónomo, ha permitido generar 2.600 puestos de trabajo y atraer una inversión global de 13.500 millones de pesetas.