Presiones de varias autonomías al Gobierno para ampliar competencias

La mayor parte de las autonomías que acuden a elecciones el próximo día 10, especialmente aquellas que carecen de competencias sobre educación, han recibido con disgusto el anuncio gubernamental de congelar su techo de competencias al menos hasta 1990. Algunos dirigentes desafían abiertamente el criterio adoptado por el Gobierno y en varias comunidades se está planteando por algunos partidos la revisión de sus respectivos estatutos, que apenas han cumplido cinco años de vigencia. Las cuatro comunidades no afectadas por estas elecciones (Andalucía, Cataluña, País Vasco y Galicia) disponen de la competencia sobre educación.

El presidente de la comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, recuerda que el programa de su partido reconoce a las autonomías la capacidad de llegar a altos niveles de autogobierno. Su homólogo aragonés, Santiago Marraco, se pronunció hace un año, ante las Cortes regionales, a favor de revisar el estatuto vigente para ampliarlo. En las últimas semanas, sin embargo, ha manifestado a este periódico que "no hay excesiva urgencia para aumentar el techo de competencias".El presidente del Gobierno asturiano, Pedro de Silva, reflexiona con preocupación: "Es necesario aproximar progresivamente el volumen de capacidad política entre las comunidades autónomas, porque existe el peligro de configurar un Estado en el que la gradación del poder autonómico esté en función del nacionalismo de cada pueblo, y no de la buena gestión o del servicio eficiente a los ciudadanos".

Desde otros campos políticos también se piden mayores competencias. El presidente de la comunidad autónoma de Baleares, el aliancista Gabriel Cañellas, criticó agriamente al Gobierno de Felipe González por haber llevado al Tribunal Constitucional un decreto del Gabinete balear sobre juegos de azar. La Administración central recurrió este decreto por entender que el estatuto de Baleares no contemplaba esa atribución y que del habían transcurrido los primeros cinco años de vigencia, requisito indispensable para reconsiderar su techo competencial.

Sin embargo, el Gobierno central ha dado por cerrado, al menos a corto plazo, el proceso de transferencias a las trece comunidades que celebran comicios. Así lo ha declarado el ministro para las Administraciones Públicas, Joaquín Almunia, quien ha añadido que sólo quedan algunos flecos pendientes con Navarra y otros asuntos de escasa entidad.

Esta decisión del Gobierno, mencionada también por el vicepresidente Alfonso Guerra, se ha justificado fundamentalmente en dos razones: serenar el proceso autonómico para reforzar el funcionamiento y la coordinación de las nuevas administraciones en las competencias que ya tienen, y evitar a toda costa la reapertura de unas negociaciones largas y laboriosas sobre la financiación del sistema autonómico, que concluyeron hace pocos meses con un amplio consenso de las comunidades afectadas para los próximos cinco años.

En virtud de ese acuerdo de financiación, la Administración central aporta directamente al conjunto de las comunidades autónomas 1,37 billones de pesetas, procedente de los Presupuestos Generales del Estado, además de 400.000 millones de pesetas procedentes del presupuesto de la Seguridad Social.

'Fuero' y 'huevo'

La pugna entre estas autonomías y la Administración central, que no se circunscribe a la asunción de nuevas competencias, cobra especial relieve con la solicitud de transferencias en materia de educación por algunas comunidades con Ejecutivo socialista, como es el caso de Madrid. La reivindicación de estas competencias, como ha dicho gráficamente Joaquín Leguina, "es una cuestión de fuero y de huevo".De fuero porque, como afirma Hipólito Gómez de las Roces, el máximo dirigente del Partido Aragonés Regionalista (PAR), "es que acaso los aragoneses estamos peor preparados o somos más burros que los catalanes o los vascos para que ellos puedan dirigir su política educativa y nosotros no?". La misma pregunta deben plantearse algunos otros partidos que, como el PAR en sus respectivas regiones, propugnan en sus programas la modificación de sus estatutos de autonomía.

Y es un problema de huevo, como afirma Leguina, porque las dotaciones económicas que acompañan a las transferencias en educación son sustanciosas y pueden, en algún caso, llegar casi hasta duplicar sus presupuestos ordinarios. De ahí que prácticamente todas las comunidades que no tienen esta competencia la reivindiquen y se olviden, no casualmente, de exigir con igual urgencia al Estado los traspasos en materia de sanidad (el Insalud).

La experiencia de Cataluña en la asunción de esta competencia hace tentarse los bolsillos al resto de las comunidades y mostrarse muy prudentes a la hora de solicitar ese traspaso. El fuerte déficit del Insalud hace que las autonomías planteen un previo saneamiento de estas transferencias antes de hacerse cargo de las mismas.

Dos de las autonomías que concurren a las elecciones, Canarias y la Comunidad Valenciana, disponen de competencias plenas en materia de educación, que les aproximan a las cuatro comunidades con mayor grado de autogobierno (Andalucía, Cataluña, País Vasco y Galicia).

Navarra tiene concedida esa competencia, pero no la ha aceptado todavía porque los profesores de la región han logrado una sentencia judicial que les equipara salarialmente con los funcionarios de su categoría en la comunidad. Según el presidente del Gobierno regional, Gabriel Urralburu, esta sentencia, que ha sido recurrida, supondría 3.000 millones de pesetas adicionales de gasto sobre la valoración -8.000 millones- acordada con el Estado para dicho traspaso.

Los defensores de contar con dicha competencia aducen que la gestión educativa está ampliamente descentralizada en otros países. Así, el porcentaje de gasto federal de educación no llega al 10% en Estados Unidos o la RFA, y el resto corresponde a los Estados federados o a las autoridades locales. En Baleares, además de estos argumentos, se insiste en que la gestión directa de la enseñanza es imprescindible para "recuperar el catalán como idioma propio", según todos los sectores políticos.

Experiencias piloto

Las autonomías que disponen de esta competencia han incrementado fuertemente las inversiones en equipamiento y construcciones escolares. Por cada 100 habitantes, la inversión real es de 1,6 millones en Canarias, 1,3 en el País Vasco, 1 millón en Andalucía, 0,93 millones en la Comunidad Valenciana, 0,92 en Galicia y 0,45 en Cataluña. En cifras absolutas, la mayor inversión corresponde a Andalucía, con 61.665 millones, seguida de la Comunidad Valenciana, con 34.000.En el caso de Canarias -una de las regiones tradicionalmente más desatendidas- se han construido 330 colegios en cuatro años -veinte de los cuales habían sido iniciados por la Administración central- y se han reparado los centros deteriorados. "Ahora hay puestos escolares prácticamente para el 100% de los niños, en condiciones dignas", según el consejero socialista de Educación, Luis Balbuena, quien describe como "panorama desolador" el heredado de la Administración central en 1983.

El Gobierno canario dice haber invertido 22.000 millones en construcciones y equipamiento escolar, de los cuales ha financiado 3.500, aproximadamente, con una emisión de deuda pública.

Esta experiencia se ha producido, además, en un archipiélago donde la enseñanza privada no alcanza el 20% del total y está concentrada en las ciudades de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. La oposición, que se muestra muy crítica hacia otras actuaciones del Gobierno regional, reconoce una labor importante en este terreno, aunque acusa al Ejecutivo de enchufismo en la promoción del personal docente.

Algunas comunidades donde están convocadas elecciones cuentan, por otra parte, con ambiciosos proyectos de creación de universidades. Se dan casos curiosos como el de La Rioja, una región con 250.000 habitantes y con grandes universidades en su entorno (Zaragoza y Pamplona). Navarra, que cuenta con algo más de medio millón de habitantes, se plantea la creación de una segunda universidad -que tendría titularidad pública; la actual pertenece al Opus Dei-. En ambos casos se justifica el proyecto en la incorporación de nuevas profesiones a la enseñanza universitaria y en la esperanza de recibir alumnos de otras partes de España.

En Canarias, donde existe una universidad en Tenerife, intereses insulares pugnan por la instalación de una segunda universidad en Gran Canaria. En Castilla-La Mancha se barajan distintos proyectos para la instalación de centros universitarios.

También el alcalde de Santander y aspirante a la comunidad autónoma de Cantabria, Juan Hormaechea, tiene amplios proyectos universitarios. Pretende transformar la Universidad de Verano Menéndez Pelayo en un gran centro de posgraduados con carácter permanente, destinado a un alumnado nacional e internacional.