Centros de menores

Los trabajadores del colegio San Francisco de Paula, de Alcalá de Guadaira (Sevilla), dependiente de la Consejería de Trabajo y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, queremos poner en conocimiento la situación en que se encuentra el mencionado centro, que alberga a menores con problemas de conducta. Este centro, como otros existentes en Andalucía, tradicionalmente son conocidos como centros de reforma, reformatorios o correccionales.1. En primer lugar hay que señalar que en los centros de menores hay una falta de clasifica-

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ción de los mismos, carencia de definición de cada uno de los centros y sin adecuación alguna de éstos a las funciones.

El ingreso de los menores en este centro, como en otros, se realiza a través de mandamiento judicial, tribunales de menores; es decir, de forma obligada, o bien a través de la Junta de Andalucía, o bien -una vez que el menor es detenido- directamente por la policía. Pero el problema radica en que lo mismo internan a un menor carente de familia o escasos recursos económicos que muchachos metidos de lleno en toda clase de delitos o drogadicción, que necesariamente han de convivir juntos.

En la mayoría de los casos, por no decir en todos, lo único que se conoce de los menores es el nombre y apellidos, y ello si no dan una identificación falsa.

2. Desde 1984, bien por los delegados de personal, bien por la propia dirección del centro, mediante informes técnicos de los que ha tenido conocimiento el organismo competente en cuanto a seguridad e higiene en el trabajo, se ha informado debidamente de toda clase de irregularidades y deficiencias que este centro presenta: falta de agua potable (actualmente son tres pozos los que están funcionando), instalación eléctrica vieja y deteriorada con grandes y graves derivaciones, tejados y viguerías levantados y corroídos, talleres lamentables y con problemas de electricidad, lavadero envejecido, techos caídos, rotura y salida de aguas residuales por zonas del centro, y así hasta un sinfín de advertencias sobre todo tipo de anomalías para niños y personal trabajador.

3. Aunque existe la LODE y ser un centro oficial -por tanto, público-, tanto en éste como en los demás centros de menores ésta aún no se ha llevado a la práctica, por lo que no hay democratización ni participación, tan sólo la que los directores quieran otorgar; carencia de planes educativos, de normas de régimen interno, convenio no adecuado a la problemática laboral, olvido y marginación de los delegados de personal en sus justas reivindicaciones, no respeto a los derechos adquiridos, grandes desniveles económicos entre los grupos de trabajadores, etcétera.

4. Falta de adecuación de la plantilla a las necesidades reales de los centros. Y lo que es peor, no se ve intencionalidad o interés alguno por parte de la Administración en resolverlo.

Como consecuencia de la marginación legal, laboral, estructural y organizativa, las contrataciones han venido siendo del capricho de las directrices o enchufismo administrativo, siendo las últimas (contratados eventuales) de una exigencia mayor que para un cargo político. Y al final, sean o no sean válidos para estos centros, irán a la calle.

5. A primeros de mayo aún no se ha recibido asignación económica alguna correspondiente al ejercicio de 1987. Esto acarrea atrasos en los pagos a los proveedores y, a nivel educativo, no poder proyectar nada. Es lastimoso que un centro de reeducación de menores tenga que funcionar con esta penuria económica.

6. Hasta tanto se pertenecía a la Consejería de Gobernación (julio de 1986) había un órgano gestor, la Dirección General de Justicia, de la que dependían estos centros y que en definitiva era la que controlaba y marcaba las líneas directrices. Ahora, con la Consejería de Trabajo, no se sabe muy bien a quién corresponde la gestión y control de estos centros en todos sus aspectos. Trabajadores del colegio San Francisco de Paula.