El presidente de EE UU, frente a la ley

¿Están el presidente de Estados Unidos y la Casa Blanca por encima de la ley? Ronald Reagan cree que sí, y ha puesto en marcha una defensa que le permitiría, en su opinión, violar una ley votada por el Congreso y firmada por él, evitando así el intento del fiscal del Irangate de probar que altos cargos de la Administración conspiraron para violar la legalidad. La enmienda Boland, votada por el Congreso para prohibir que EE UU ayudara a la contra, una ley de sólo 99 palabras sobre conspiración y el debate sobre si la Constitución permite al presidente dirigir la política exterior sin limitación alguna son el marco legal aplicable.

De cómo se interpreten estas leyes dependerá que el Irangate pase a la historia sólo como un desastre político, o como una conspiración criminal que podría alcanzar, teóricamente, al presidente de EEUU.La cuestión legal de este drama político está siendo olvidada, en beneficio de la más atractiva historia de intrigas, mentiras, desprecio por el Congreso, e ilegalidades que está poniendo de manifiesto la investigación parlamentaria del Irangate. Pero al final de este escándalo, capaz de arruinar históricamente la presidencia de Reagan, habrá procesamientos, y funcionarios patriotas que sólo querían detener al comunismo en Centroamérica posiblemente irán a la cárcel.

La enmienda Boland, llamada así por su patrocinador el congresista demócrata por Massachussets Edward Boland, fue introducida, el 12 de octubre de 1984, en una ley de asignaciones económicas por un Congreso decidido a detener la ayuda norteamericana a la contra, tras enterarse por los periódicos de que la CIA había ordenado el minado, de los puertos nicaraguenses. Posteriormente, fue modificada en cuatro o cinco ocasiones -estuvo en vigor hasta octubre de 1986- reflejando la mala conciencia del Congreso, que tampoco quería atar las manos excesivamente a la Administración en su cruzada contra Nicaragua.

Los defensores de Reagan afirman ahora que el Congreso fue muy ambiguo y dejó abierta la posibilidad de una interpretación muy liberal de la enmienda, que la Administración ensanchó en la práctica.

La enmienda es muy clara

Pero el párrafo clave de la enmienda es muy claro y sus 63 palabras dicen lo siguiente: "Durante el año fiscal 1985, ningún fondo a disposición de la CIA, el Pentágono o cualquier otra agencia u organismo de Estados Unidos relacionado con actividades de información puede ser empleado o gastado para cualquier objetivo que tenga el efecto de apoyar, directa o indirectamente, operaciones militares,o paramilitares en Nicaragua por cualquier nación, grupo, organización, movimiento o individuo". Posteriormente, se permitió la ayuda "humanitaria".Robert McFarlane declaró la pasada semana ante el Congreso que él estaba convencido de que la enmienda Boland se aplicaba al Consejo de Seguridad Nacional (NSC). El NSC, que dirige el presidente, ha actuado en muchas ocasiones como agencia de información. Algunos expertos estiman que el presidente está relacionado con trabajos de inteligencia, su teléfono y su sueldo salen del presupuesto, y que su actividad, por ejemplo, presionando a Honduras para que dejara pasar un cargamento militar para la contra, estaría cubierta por la polémica enmienda.

La ley de la conspiracíón (Conspiración para Cometer Ofensas o Defraudar a Estados Unidos) es un texto escondido en los centenares de páginas de las leyes penales federales. Por su amplitud y la interpretación liberal que ha tenido, ha sido calificado como "el sueño de cualquier fiscal", y es el instrumento que el juez Edward Walsh, el fiscal especial del Irangate, va a utilizar para determinar la existencia de conspiráción, acusación formal que prepara contra altos cargos del Gobierno.

La ley citada establece que es un crimen conspirar para cometer cualquier ofensa contra Estados Unidos. Si dos o más personas conspiran para cometer cualquier ofensa contra o para defraudar a EE UU o a cualquier agencia federal, de cualquier forma o con cualquier objetivo, será multado con no más de 10.000 dólares (aproximadamente 1.250.000 pesetas) o encarcelado por un período no superior a cinco años, o ambas cosas a la vez". No hace falta demostrar que la conspiración tuviera como consecuencia un delito posterior. En el Watergate, 17 personas fueron procesadas por esta ley y Richard Nixon fue designado coconspirador.