Corporativismo

La nota de 50 jueces del ámbito jurisdiccional de la Audiencia Territorial de Granada apoyando irracionalmente, sin aportar ningún argumento, a la juez de Órgiva que ordenó el ingreso en prisión del abogado Darío Fernández por un presunto incidente en un juicio oral pone de manifiesto que todavía existe en este país un buen número de administradores de la justicia que anteponen el corporativismo, el apoyo incondicional a un compañero, al imperio de la ley.Y esto es muy preocupante porque no se trata de un corporativismo entre fontaneros, corredores de comercio u odontólogos, cuyas decisiones podemos evitar, en caso de arbitrariedad, con un simple cambio de profesional.

De juez no podemos cambiarnos y tenemos que apechugar con el que nos toque, que a lo mejor puede ser uno de esos 50 que firman la nota o cualquiera de sus compañeros que sustenten idéntico criterio en otras audiencias territoriales españolas.

Olvidan los jueces -no digo que lo ignoren, porque sería demasiado- que la legislación procesal penal vigente establece de modo claro los casos en los que procede decretar la prisión provisional de un ciudadano y que la juez de Órgiva envió a la cárcel a Darío Fernández sin que ni remotamente se dieran estas circunstancias exigidas por la ley.

Siguen olvidando los 50 jueces que la juez de órgiva, como presuntamente ofendida, es incompatible, desde ese mismo momento, para intervenir profesionalmente en el caso, ya que debe inhibirse en favor del juez que designe la Audiencia granadina. Son dos olvidos muy elocuentes y que servirían para suspender en unas oposiciones a auxiliar administrativo de juzgado. Pero los 50 jueces miran a otro lado y pasan por alto este detalle.

Critican los 50 jueces el hecho de que el Consejo General de la Abogacía haya apoyado a Darío Fernández sin haber comprobado los hechos que dieron lugar a su ingreso en prisión. La corporación que agrupa a los abogados lo tuvo siempre bien claro y no necesitó escuchar siquiera a su socio Darío Fernández.

Le bastó con escuchar las acusaciones de la juez de Órgiva, ya que en sus manifestaciones públicas en prensa y radio insistió en que el abogado le desobedeció, le faltó al respeto y observó una conducta poco acorde con una persona bien educada. El abogado Darío Fernández dice que no fue así, y por ello se instruirán unas diligencias que dirán quién tiene razón.

Pero, aun poniéndonos en el peor de los casos, aunque el abogado le hubiera faltado al respeto a la juez, en ningún caso procede la prisión de aquél, puesto que hay una legislación procesal que nos obliga a todos -de modo especial a los profesionales de la judicatura-, y esta legislación no contempla la posibilidad de decretar la prisión incondicional de una persona que, presuntamente, cometa las faltas que haya podido cometer el abogado Darío Fernández.

Si la juez de órgiva hubiera suspendido el juicio, expulsado de la sala al abogado y denunciado su presunta actitud de rebeldía, estaría en su pleno derecho y nadie la hubiera criticado.

Lo que no puede hacer esta señora es ponerse la ley por montera y hacer lo que le dé la gana. Y encima 50 jueces la apoyan. Sin aportar argumentos legales, por supuesto, sino que la apoyan porque es juez, ¡faltaría más!

No obstante, en la crónica del corresponsal de EL PAIS en Granada hay un dato esperanzador y que nos mueve al optimismo a los ciudadanos que seguimos creyendo en la ley, la justicia y los jueces. En la Audiencia Territorial de Granada hay 150 jueces, y sólo 50 han firmado esa absurda carta de apoyo. Hay 100 jueces que no lo hicieron, la mayoría de los jueces pensó con la cabeza, demostró que con la ley en la mano no se puede suscribir semejante proclama y, consecuentemente, no lo hizo. Ya es algo, ¿no?

Muchísimas gracias, señor director, por la acogida de estas líneas en las acogedoras páginas de EL PAÍS, ya que creo que se impone que los ciudadanos denunciemos estas arbitrariedades que cometen unos señores que creen que el haber aprobado unas oposiciones ya les pone por encima del bien y del mal.- Ángel García.