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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Vísperas fiscales

LA LLEGADA de la primavera suele marcar el inicio de una campaña de intimidación fiscal destinada a atemorizar a quienes se ven asediados por la duda a la hora de cumplir sus obligaciones con el fisco. Se refrescan así las enmohecidas conciencias fiscales mediante la amenaza de la sanción y, en su caso, de la cárcel. Este año, la campaña se inició espectacularmente con el paso por el juzgado de Lola Flores, y se ha continuado con el anuncio del envío al fiscal del Estado de 130 expedientes de ciudadanos recalcitrantes en el impago de sus deudas a la Hacienda pública.En este marco también se puede incluir el censo especial para aquellas personas de renombre social que gozarán de un seguimiento fiscal específico. Los responsables de la Administración justifican esta forma peculiar de la mercadotecnia fiscal por la desdichada tendencia del ciudadano español a no pagar los impuestos si no se esgrime el fantasma de la sanción. La consecuencia de todo ello son las truculentas declaraciones de los responsables administrativos cuando llega la hora de rellenar los impresos.

Cabe, sin embargo, preguntarse si esta actitud es la más adecuada y si los ciudadanos españoles de este último cuarto de siglo que pagan religiosamente sus impuestos -y hay muchos- no tienen razón en quejarse del autoritarismo de una Administración que, aparentemente, ha renunciado a explicar a los administrados qué hace con sus impuestos, cómo los gasta, en qué y con qué criterios, de tal manera que la declaración de la renta se asemeja más a una extorsión primaveral que a la contribución solidaria a las cargas originadas por la solidaridad y la convivencia. La discusión del presupuesto en el Parlamento no es respuesta suficiente, entre otras cosas, porque la ley Presupuestaria es ininteligible incluso para la mayoría de los parlamentarios y, en muchos aspectos esenciales de la política económica, escasamente relevante. Por otra parte, el injustificado e injustificable retraso de ayuntamientos y comunidades autónomas a la hora de presentar sus cuentas (aún no se conoce en qué gastaron estas administraciones el dinero que los contribuyentes les confiaron el pasado año) no ayuda al despertar de la conciencia fiscal de los españoles.

Pero no es éste el único agravio que tiene el contribuyente español cuyos ingresos figuran en una nómina y son declarados por terceros. Según los últimos datos hechos públicos por la Administración, los ingresos del impuesto sobre la renta de las personas fisicas están creciendo a unas tasas superiores al 30%, algo que no tiene nada que ver con el crecimiento de las rentas de los asalariados, principales protagonistas de esta historia, que aumentan a un ritmo del orden del 10%. Una parte de la solución de este notable enigma puede encontrarse en la lucha contra el fraude fiscal, que ha hecho aflorar ingresos antes ocultos, pero la mayor parte del aumento proviene del persistente rechazo por parte de la Administración de modificar las escalas impositivas en función de la inflación, que se convierte así en un poderoso agente recaudador. Si con tasas de aumento de los ingresos fiscales superiores al 30% la Administración se lanza a campañas de intimidación, cabe preguntarse qué sucederá el día en que estas tasas se moderen hasta cifras más compatibles con las viejas promesas de mantenimiento de la presión fiscal.

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Los ingresos derivados del impuesto sobre la renta de las personas fisicas están creciendo a tasas muy superiores a la progresión de las rentas de los asalariados. El que la Administración cante victoria en la lucha contra la evasión fiscal no debe hacer olvidar la existencia de numerosas bolsas de fraude que quedan aún por descubrir, ni tampoco el hecho fundamental de que la inmensa mayoría de los asalariados ha visto crecer la carga fiscal directa mucho más de prisa que sus remuneraciones. Tal vez haya llegado el momento de que la voracidad recaudadora, que se ejerce prioritariamente sobre este colectivo, ceda el paso a la explicación clara y convincente del destino del dinero recaudado y un mayor rigor en el afloramiento de las rentas ocultas. También parece llegada la hora de plantearse una simplificación de un impuesto cuya creciente complejidad lo aleja cada vez más de la comprensión del común de los mortales.

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