Triángulos de armas

CONTRA LAS pruebas presentadas por el diputado de Izquierda Unida Enrique Curiel, que han venido a sumarse a evidencias ya conocidas por la opinión pública, el Gobierno, en esta ocasión por boca del secretario de Estado de Comercio, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, sigue manteniendo que España respeta escrupulosamente la normativa internacional sobre venta de armamento. Dicha normativa, apoyada en resoluciones de la ONU y de la CE, impide la venta de armas a Suráfrica, Chile y Paraguay, por una parte; a Libia y Siria, por otra, y a todos los países en guerra, finalmente.Izquierda Unida tiene en su poder documentos según los cuales empresas españolas han vendido, a lo largo de 1985 y primeros meses de 1986, diverso material militar -proyectiles para cañones, granadas, cargas propulsoras- oficialmente destinado a las fuerzas armadas sirias y libias, respectivamente, pero cuyo destino final fue, según las propias firmas vendedoras, el Ejército iraní. El hecho de que la compañía contratante del transporte tuviera esta última nacionalidad sería un dato complementario en favor de la hipótesis de la triangulación: las armas destinadas a países en guerra, como Irán, serían vendidas a través de terceros, a fin de obtener el visto bueno de la junta interministerial que debe autorizar tales operaciones.

Esta práctica es habitual en todo el mundo. Los países fabricantes de armas necesitan, para que ese sector resulte viable desde el punto de vista de la dimensión de las empresas, desviar una parte de la producción al mercado internacional, una parte sustancial del cual está formada por los países en guerra. El propio presidente del Gobierno, Felipe González, reconoció implícitamente, en el debate sobre el estado de la nación celebrado en febrero, que el objetivo de aumentar la independencia de España en materia de armamento exigía exportar parte de la producción, insinuando al respecto la conveniencia de modificar la actual normativa, demasiado restrictiva en su opinión. También admitió la posibilidad de que determinadas partidas sean desviadas, a través de terceros países, hacia algunos de los incluidos en la lista de prohibidos, pero negó rotundamente, en respuesta a una acusación de Gerardo Iglesias, que España hubiera quebrantado la legalidad autorizando operaciones en las que el destino conocido de las ventas fuera Irán.

Poco después, y haciéndose eco de la misma inquietud, el diputado del Centro Democrático y Social Agustín Rodríguez Sahagún solicitó las actas de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Armas. El Gobierno respondió que tales actas figuran entre las materias clasificadas con categoría de secreto. De esta manera, el reconocimiento implícito se tornó prácticamente explícito. Pues si realmente la normativa había sido respetada, ninguna dificultad habría para hacer pública la documentación relativa a las ventas autorizadas, siempre que se reservase la confidencialidad, seguramente exigida por los compradores, respecto a las características técnicas del material.

En realidad, se trata de una cuestión en torno a la que todo el mundo, y en casi todo el mundo, la verdad de las declaraciones no es precisamente una cuestión especialmente valorada. Por eso pudo afirmar González, en la mencionada ocasión, que "nadie, cualquiera que sea su ideología, puede darnos lecciones de moral en esta materia". Pero si ello es genéricamente cierto respecto al hecho de la venta en sí -incluido el truco de las triangulaciones para burlar la letra de la ley-, dista de ser evidente que la hipocresía sea obligatoria. El presidente de la mayor potencia industrial y militar del mundo, Ronald Reagan, está siendo objeto de investigación por haber presuntamente ocultado al legislativo norteamericano información sobre ventas de armas a Irán, país sometido a embargo. En España, el control del Parlamento sobre la cuestión no sólo sería imposible, sino, teóricamente, ilegal, dado que la ley de secretos oficiales impide indagar sobre el contenido de las materias consideradas como tales.

El secretario de Estado de Comercio declaró en el Congreso que el Gobierno está preparando "diversas medidas para perfeccionar el sistema de autorizaciones". No estaría de más que entre esas medidas, imprescindibles si se quiere evitar la generalizada sospecha de que la actual legalidad se vulnera permanentemente, figurasen las relativas al efectivo control parlamentario de cuantas operaciones en relación al asunto sean autorizadas, tal y como insistentemente vienen reclamando varios diputados.