La venta de aceite a granel mantiene el peligro de un nuevo envenenamiento masivo

La venta de aceite se sigue realizando en España sin etiquetado y a granel, seis años después de ocurrir el síndrome tóxico y cuando quedan tres días para que comience el juicio de la colza. Así lo ha comprobado EL PAÍS en diversos puntos. El aceite tóxico supuestamente causante del envenamiento masivo se vendió frecuentemente de igual forma. Los responsables de los departamentos estatales de control de alimentos admiten que un envenenamiento de ese tipo puede volver a ocurrir, aunque precisan que ahora es mucho más difícil por las medidas de control desplegadas, que en materia de inspección y sanción de venta fraudulenta corresponden a las autonomías y los Ayuntamientos. Oposición y consumidores juzgan escasa y descoordinada la vigilancia del cumplimiento de las normas vigentes y apuntan diversos focos de riesgo (venta ambulante, quesos frescos y mezclas de aceite).

Dos redactores de EL PAÍS han podido comprobar la venta a granel y sin etiquetado de aceite en tres pueblos de Toledo. El incumplimiento de las normas de precintado, envasado y venta de aceites se extiende a otros pueblos y otras provincias, según numerosos testimonios. Sin embargo, en la Administración se ensalza la obra realizada desde el síndrome tóxico para prevenir una nueva catástrofe por intoxicación alimentaria.Los días 8 y 9 de junio de 1982 el Congreso debatió las conclusiones de la comisión parlamentaria que investigó el proceso tóxico. Entre otras medidas, se pidió al Gobierno de UCD un plan de mataderos; la refundición y actualización de las sanciones, y una relación de las plantas de refinado y de las de esterificación -producción mediante reacciones químicas- de aceites, así como de los organismos con competencias sobre control de alimentos. También se reclamó la divulgación de la normativa sobre etiquetado y que las licencias para importar productos no alimentarios desviables a consumo humano -competencia de Hacienda- se concediesen sólo al destinatario final. Los socialistas, desde la oposición, defendieron con ardor tales exigencias. El PSOE llegó al Gobierno apenas cinco meses después.

El plan de mataderos y la refundición de sanciones son ya realidades. Hacienda se limita a explicar que apenas se importa colza -"sólo un poco a Canarias"- y que aplica la normativa comunitaria en lo referente a controles previos o posteriores, pero ningún responsable se presta a detallarlos.Competencias repartidas

Ningún departamento sabe recitar los organismos estatales con competencia sobre control de alimentos, repartidos, al menos, entre Sanidad, Agricultura y Hacienda. Resulta imposible no sólo averiguar cuántas plantas hay de esterificación, consideradas la principal fuente de fraude del aceite cuando se debatió el síndrome tóxico, sino qué ministerio debe controlarlas: Sanidad, Industria y Agricultura se acusan entre sí. Agricultura sí ofrece el dato de que existen 120 plantas de refino. Y la divulgación de las normas de etiquetado ofrece lagunas: al menos en tres pueblos toledanos el aceite se vende sin ella.

En Sanidad y Consumo, los altos cargos consultados coinciden en que desde 1982 se ha realizado un ímprobo esfuerzo legislativo para regular el control de alimentos y la protección del consumidor.

En 1984 se aprueba la, ley General de Protección a los Consumidores y Usuarios, que "sitúa a España en el mejor nivel de protección". El Código Alimentario de 1967 se ha "desarrollado desde 1982 en un 80%". Y en un decreto de 1983 se refunden las sanciones. Su cuantía se eleva a 100 millones o 10 veces el valor de los bienes y servicios objeto de multa, y se posibilita el cierre del establecimiento. Para mostrar la eficacia de esta labor, un alto cargo de Sanidad afirma: "En 1983, el 80% de las reclamaciones era sobre alimentos; ahora sólo es el 12%".

No faltan, pues, normas ni sanciones. Su cumplimiento y aplicación corresponde a las administraciones autónomicas y municipales. Los Ayuntamientos centran su vigilancia en el comercio minorista; y las comunidades autónomas, en las fábricas, el transporte o los mayoristas. No hay datos globales sobre el número de inspectores -en Sanidad sólo indican que son más de 800- o de acciones realizadas. En la Subdirección de Defensa Contra Fraudes, de Agricultura, se asegura que éste es el único organismo estatal con competencias inspectoras y sancionadoras (en 1986 multó por valor de 163 millones de pesetas). Este departamento lo dirige actualmente Antonio Bardón, el mismo que era responsable del servicio contra fraudes en 1981, bajo UCD, cuando sobrevino el síndrome tóxico. Es uno de los 10 cargos de aquella Administración que son investigados en un sumario aparte para esclarecer sus responsabilidades en el envenenamiento masivo. En 1983 eran 76 los inspectores; ahora son 175. Vigilan las industrias alimentarias -preferentemente, las de ámbito supracomunitario-, y los productos que emplean agricultores y ganaderos (piensos, sennillas o fertilizantes).

En esta subdirección se asegura que, por la vía de hecho -inmovilizar todas las existencias de una industria-, se ha logrado cerrar varias fábricas, dada la compleji.dad para hacerlo de rnodo oficial.

La Administración central, afirman en Sanidad, dedica especial atención a la vigilancia mediante inspecciones y análisis de unos determinados productos por creer que un nuevo síndrome tóxico sólo podría sobrevenir a través de ellos: aceites, alcoholes, alimentos infantiles y productos lácteos. El riesgo de estos productos estriba en que tienen una amplia difusión y son susceptibles de adulteración o transformación en laboratorios. En consecuencia, cualquier otra vía de intoxicación -conservas en mal estado, jamones con botulismo o partida de carne- siempre tendría un alcance mucho más restringido, según afirman.

España, por otro lado, se ha enganchado a la red de alerta de fraudes y proyectos peligrosos de la CE, que agiliza el intercambio de informaciones sobre irregularidades en alimentos. Autonomías y ayuntamientos serán conectados en el futuro a la red.

"Descoordinación sobre importaciones no hay, lo que existe es una multiplicidad de acciones administrativas", dice un alto cargo de Sanidad. El control estatal sobre alimentos se diversifica así: si es un animal vivo corresponde a Agricultura; si está muerto o es un producto ya elaborado, le compete a Sanidad; y Comercio vigila que se cumplan las normas de calidad.

El optimismo de la Administración no es cornpartido por la oposición y los consumidores. Miguel Ramírez, diputado de AP, precisa tres puntos críticos: "El 60% de los quesos frescos no cumple los requisitos de pasteurización de la leche o envejecimiento, para garantizar que no den brucelosis; convendría reducir el nivel de radiactividad admisible en la leche fresca importada, como han hecho Austria y Suecia a raíz del accidente de Chernobil; y no autorizar que se comercialice carne congelada durante más de tres meses, como ha hecho el Gobierno para contener los precios".

Ramón Espasa, diputado de Izquierda Unida, también ve dificil que se produzca una colza-bis, pero opina, no obstante: "España tiene un bajo nivel de normativa y de vigilancia, que no alcanza la mitad de lo que es normal en los países de la Comunidad Europea. Y, por ejemplo, sigue habiendo productos sin fecha de caducidad".

Jesús Sancho Rof, que fue ministro de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social, con UCD, de marzo de 1981 a noviembre de 1982, y que actualmente es diputado del PDP, opina que síerripre que haya un desaprensivo se puede producir un fraude alimentarío. "Es incontrolable, aunque haya unos filtros al 100%". "Básicamente, en estos momentos el tema es la venta ambulante de alimentos sin control sanitario. La normativa es buena, pero los ayuntamientos deben vigilar eso", afirma.

Al menos tres ayuntamientos de Toledo no parecen darse por aludidos.