Ni precinto, ni etiqueta , ni garantía

F. M. El forastero que visite Carmena (Toledo) un fin de semana puede comprar aceite a granel en una almazara que, según testimonian algunos clientes y Arcadio Fernández, presidente de los afectados de Leganés, es propiedad de Federico Mayo. Este molino de aceite incumple los requisitos de etiquetado, envasado y precinto, y además no figura en el registro sanitario, según indican en Agricultura.

Fernández asegura que denunció hace un año ante el consejero de Sanidad de Castilla La Mancha, Juan José de la Cámara -ilocalizable ayer- ese punto de venta ilegal.

En Fuensalida (Toledo) Saturnino Hurtado, dueño de otro molino de aceite, vende su producto de igual forma. No tiene empacho en reconocer que sólo cuenta con permiso para extraer el aceite, pero no para envasarlo y venderlo al público. Un redactor de EL PAÍS le compró una garrafa de cinco kilos por 1.200 pesetas.

En Cedillo del Condado, en un almacén a cuya puerta figura el nombre Archiduque; EL PAÍS compró una garrafa de aceite sin precinto ni etiquetado de 25 litros por valor de 5.750 pesetas. La marca, según la persona que lo despachó, es aceites Castilla, rótulo que aparecía en otras garrafas, aunque las había con nombres de todo tipo. La factura entregada en el establecimiento -donde se vendían también jabones, refrescos y coliflores- no indicaba razón alguna que pudiera identificar al vendedor.

A la salida del establecimiento, un automóvil BMW matrícula M-3410-GU interceptó el paso del coche donde viajaban los redactores. El conductor, de unos cuarenta años y con aire de ejecutivo, manifestó: "¿Para qué tomáis fotos de mi local?". Se le replicó que no se habían tomado fotos (lo que no era cierto) y, de mala gana, indicó que abandonaran el pueblo. Sin embargo, el BMW continuó siguiendo a distancia el vehículo donde viajaban los redactores, hasta Yuncos, a cinco kilómetros. Allí, tras apearse un redactor y un afectado por el síndrome, el conductor del BMW se bajó también y profirió diversas amenazas: "Yo a ti te rompo el equipo fotográfico aunque me cueste 100.000 pesetas. Llamo a cuatro míos, como vais vosotros, y de aquí no salís". Tras un tenso diálo go, se subió a su coche y se alejó momentáneamente. El coche de los redactores reinició su marcha hacia Madrid, y el BMW -cuyo conductor no cesaba de hablar por radioteléfono- siguió la persecución, hasta que, kilómetros después, desapareció por un desvío.

Posteriormente, la Guardia Civil de Illescas (Toledo) se puso en contacto con el domicilio de uno de los dos redactores -el dueño del vehículo empleado para el desplazamiento- para transmitir este mensaje: "Ha estado aquí Vicente Aguado con un sobrino para protestar porque han tomado fotos de su almacén. Dice que el local que tiene que ver con la colza es el de su hermano, Antonio Aguado. Que ese local está cerrado por ello, pero que el suyo no tiene nada que ver. Incluso rompió relaciones con su hermano Antonio por lo del aceite y perdió mucho dinero". A las oncede la noche, varias personas llamaron al piso del redactor, desde el portal, y preguntaron por él, ausente entonces. Este hecho se comunicó a la policía. Cuando llegaron los agentes, los individuos ya se habían marchado. La Guardia Civil investiga los hechos la filtración de la dirección del redactor.

Vicente Aguado es citado en las conclusiones del fiscal sobre el síndrome tóxico: "Al envasar Vicente Aguado el aceite recibido [de colza desnaturalizado] y comercializarlo, extendió, inconscientemente, la contaminación hasta los consumidores en cuyo poder fue encontrado. De esta forma, resultaron afectadas 19 personas".

Inspectores de Agricultura visitaron este almacen hace un año y denunciaron esta venta irregular ante la citada consejería. Aquel aceite, por lo demás, resultó correcto en los análisis. Y la venta, pese a tanta visita inoportuna, sigue.