Procesados cinco 'subasteros' y cinco funcionarios por presunta corrupción
El titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid, José María Alvarez Seijo, ha procesado a 10 personas -cinco subasteros y cinco funcionarios de la Administración de justicia-, todas ellas implicadas en presuntas corrupciones con ocasión de las subastas judiciales de bienes. Los 10 procesados han quedado en situación de libertad provisional. Tras la investigación iniciada en 1984, y una vez concluida la fase de diligencias previas, el magistrado Álvarez Seijo ha abierto un sumario, a cuya tramitación se dedicará en exclusiva durante seis meses.
El juez Álvarez Selio -a quien el Consejo General del Poder Judicial ha concedido una comisión de servicio para su dedicación en exclusiva a esta investigación- notificó ayer el procesamiento de Jesús Gómez Castaños, su compañera Francisca Tarriño Muñoz, Antonio Muñoz Cabezas Estanislao Santiago Carracedo y Alejandro Moreno Matín.Asimismo, han sido procesados los funcionarios judiciales pertenecientes a los juzgados de primera instancia de Madrid que se citan: José Prieto Martínez, oficial del número 4; Manuel Rodríguez Torres, auxiliar del número 4; Galo de la Orden García, oficial del número 12; Jesús Gallego Rupérez, oficial del número 10, y Jesús Serrano Mecati, oficial del número 2. El auto de procesamiento noticiado ayer estima que existen indicios de que los 10 procesados participaron en delitos de cohecho y los funcionarios Serrano y Gallego, además, en el de infidelidad en la custodia de documentos.
Los cuatro subasteros procesados pertenecen a uno de los dos grupos desarticulados por la policía a principio de año. Tanto Gómez Castaños, que encabezaba este grupo, como Ernest García López, que dirigía el otro y Moreno Martín que, según los indicios existentes, actuaba de intermediario con los juzgados, permanecieron en prisión, pero se encuentran en libertad provisional, bajo fianza de cuatro millones de pesetas. Los cinco funcionarios procesados ayer se encuentran en libertad provisional sin fianza, si bien el juez les exigió 250.000 pesetas a cada uno, para garantizar el pago de las responsabilidades civiles que pudieran deducirse contra ellos.
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