Retraso en los impulsos a la construcción europea

La construcción europea tendría que recibir a lo largo de este año dos nuevos impulsos con la entrada en vigor del Acta única Europea, que modifica y completa en parte el Tratado de Roma, y la adopción de un nuevo sistema de financiación. Pero la puesta en práctica del primero se demora, y el segundo suscita numerosas reservas y acabará probablemente por ser vaciado en parte de su contenido, según opinan fuentes diplomáticas.

El Acta única, la mayor reforma desde que hace 30 años fue concluido el Tratado de Roma que dio lugar a la CE, debería haber sido puesta en práctica el 1 de enero de este año, pero la tardanza, primero, del Parlamento griego en ratificarla y la batalla jurídica entablada después en Irlanda sobre su constitucionalidad han aplazado su aplicación.Aprobada por los doce en la cumbre de Luxemburgo de 1986, el objetivo del Acta única consiste en ampliar las competencias comunitarias a una serie de materias que abarcan desde el me dio ambiente hasta la investigación, pasando por la cooperación en política exterior, y agilizar el funcionamiento de la CE, limitando a cuatro campos las decisiones que requerirán la unanimidad de sus miembros, mientras todas las demás podrán ser adoptadas por mayoría cualificada.

Esta modificación del procedimiento de votación, así como la extensión de unas competencias para las que no vislumbra límites, incitaron al economista irlandés Raymond Crotty a interponer un recurso por inconstitucionalidad que fue desestimado a mediados de febrero por la Divisional Court de Dublín y sobre el que debe pronunciarse ahora el Tribunal Supremo. En el mejor de los casos, el Acta podría entrar en vigor el 1 de abril, pero, según el informe sobre la cuestión elaborado por el eurodiputado socialista alemán Joachim Seelr, una sentencia del Tribunal Supremo irlandés contraria a Crotty podría ser nuevamente re currida ante el Tribunal de Justicia de la CE, lo que aplazaría su puesta en práctica hasta junio o julio.

Antes incluso de ser aplicada, la reforma suscita diferencias de apreciación entre los Estados miembros. En el último Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores, celebrado la semana pasada en Bruselas, los participantes se enfrentaron, por ejemplo, sobre la concesión a la Comisión Europea de mayores poderes ejecutivos que el Reino Unido, Alemania Occidental y Dinamarca se resisten a otorgarle.

Más graves aún son las divergencias entre los doce sobre la subsistencia del llamado compromiso de Luxemburgo, una regla no escrita que desde 1966 autoriza a un Estado a bloquear una decisión supuestamente contraria a sus intereses vitales y que en la práctica equivale a un derecho de veto que puede vaciar de con tenido las votaciones. por mayo ría cualificada.

Para conseguir acaso la aprobación del Acta única por la Asamblea Nacional Francesa, el jefe de la diplomacia gala, Jean Bernard Raimond, aseguró en su día que el "compromiso seguía siendo válido", y más reciente mente el representante español ante la CE, Carlos Westendorp, señalaba que España podría echar mano de esa fórmula si la Comunidad suprimiese algún día sus ayudas al sector, vital para España, de los aceites y materias grasas vegetales.

La entrada en vigor del Acta y la creación de aquí a 1992 de ese gran mercado interior en el que todas las fronteras entre los doce quedarán abolidas conlleva, según el presidente de la Comisión Europea, el francés Jacques De lors, una reforma en profundidad del sistema de financiación de la CE, que ahora se encuentra al borde de la bancarrota.

A mediados de febrero pasado, Delors expuso ante el Parlamento Europeo las líneas maestras de su ambicioso proyecto, que prevé añadir, por lo menos, un nuevo recurso a los tradicionales de la CE -aranceles y una parte del impuesto sobre el valor añadido recaudado en cada Estado-, consistente en un porcentaje de la diferencia entre el producto nacional bruto (PNB) y el IVA. También preconizó en su discurso duplicar la dotación presupuestaria de los llamados fondos estructurales destinados a atenuar las diferencias de desarrollo entre regiones ricas y pobres.

La acogida reservada a su plan ha sido tibia. En la reunión que celebraron a finales de febrero, en las afueras de Bruselas, para debatir del tema, los ministros de Exteriores de los países septentrionales discrepan de los meridionales, generalmente algo más favorables al proyecto que sus homólogos de los Estados del Norte. Ni siquiera entre sus principales beneficiarios la adhesión a las tesis de Delors es incondicional. El ministro español de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, reconocía el mes pasado que "nuestros objetivos coinciden con los suyos", pero el comisario español Manuel Marín lamentaba que en el seno de la Administración española algunos responsables se opongan a, por ejemplo, la duplicación de los fondos estructurales bajo el pretexto de que muchos de sus programas de desarrollo son cofinanciados por la Comunidad Europea y el Estado beneficiario, y contribuyen, por tanto, a agravar el déficit público español.