Los obispos greco-ortodoxos consideran una injerencia la nacionalización de sus tierras

Christos Sartzetakis, presidente de Grecia, ha declarado que cualquier duda acerca de la constitucionalidad de la ley presentada al Parlamento para la nacionalización, en un período máximo de seis meses, de las tierras de la Iglesia greco-ortodoxa deberá resolverse recurriendo a los altos tribunales, y no "adoptando ilegales medidas de boicoteo". Paralelamente, los obispos contraatacan con una dura homilía, leída el viernes en todas las iglesias del territorio griego tratando de injerencia en los asuntos eclesiásticos la decisión gubernamental, y hoy se escuchará de nuevo la homilía antigubernamental con que la Iglesia trata de defender sus posesiones.

Dos horas duró la reunión que sostuvieron el viernes Christos Sartzetakis y el jefe máximo de la Iglesia greco-ortodoxa, el arzobispo Serafín de Atenas, y a la salida sus posturas seguían irreconciliables. Aunque según algunos observadores las palabras del presidente dejan abierto un resquicio a una hipotética negociación, Serafín fue contundente al reafirmar que "la jerarquía considera inconstitucional la intromisión del Gobierno en los asuntos eclesiales, y ni siquiera contempla la posibilidad de dialogar al respecto".En realidad, lo que se está discutiendo es algo más que la nacionalización de esas 130.000 hectáreas que el Gobierno quiere entregar a cooperativas, empresas del sector público y autoridades locales. La cuestión de fondo es que en este país la Iglesia forma parte del Estado. No tiene sólo la influencia espiritual; participa también del poder legal. No hay acto oficial que pueda salir adelante sin la bendición de un pope -de ahí la importancia de la decisión de los obispos de boicotear las celebraciones del próximo día 25, fiesta nacional-, y ni siquiera en las escuelas laicas se libran los alumnos de estudiar teología, mientras que la filosofía -y estamos en Grecia- no es asignatura obligatoria.

Los obispos quieren dejar claro que no se oponen a entregar sus tierras. Eso sí, tienen que darlas ellos directamente a los pobres. Nunca a las cooperativas, a las instituciones del Gobierno o al Estado. De hecho, siempre han respondido con idéntica generosidad verbal, incluso cuando Constantino Caramanlis les realizó leves insinuaciones al respecto. Que se sepa, jamás le han cedido una hectárea a nadie.

Mientras, el griego ve con escepticismo lo que los periódicos denominan la "guerra santa". La derecha se alinea con Serafín y dice que hasta el Vaticano le respalda. Y los dos partidos comunistas -el prosoviético y el de tendencia eurocomunista- afirman que este asunto se solucionaría separando definitivamente la Iglesia del Estado, medida esta última que serviría también para ahorrar los 96 millones de dólares que los popes reciben al año en su calidad de funcionarios estatales.

En opinión de comentaristas independientes, esta ley de nacionalización no es más que un intento de izquierdización del Gobierno socialista de Andreas Papandreu, desgastado por la aplicación de drásticas medidas que han perjudicado a las clases trabajadoras, que han visto duplicarse el coste de los productos básicos en los últimos tres años, mientras los salarios permanecen congelados. Con esta medida de corte populista, Papandreu trataría de evitar que se produjeran unas elecciones anticipadas o, por lo menos, llegar airosamente a las previstas para el año 1988.