El Gobierno quiere que el 40% de la programación de la televisión privada sea de producción española

El Gobierno quiere que el 50% de las películas comerciales que emitan en su programación mensual cada uno de los canales de televisión privada sean de producción europea, y que el 40% de sus programas, en general, sean de producción española. El anteproyecto de ley de regulación de la televisión privada, elaborado por un restringido equipo de altos cargos bajo la supervisión del presidente del Gobierno, Felipe González, incapacita para obtener emisoras de televisión a las empresas que no se hallen al corriente de pago de sus obligaciones tributarias o de la Seguridad Social.

Las concesiones administrativas para el funcionamiento de los canales privados de televisión conllevarán, probablemente, la obligación de un mínimo de cuatro horas diarias de emisión y treinta y dos horas semanales, sin que la duración de la programación restringinda a las áreas regionales pueda ser superior a las de alcance nacional. Dichas áreas no coincidirán con el territorio de las comunidades autónomas y su demarcación exacta, no definida en el proyecto de ley que autorizará la televisión privada, será establecida en un plan técnico nacional elaborado por un Instituto Nacional para la Televisión Privada.Este plan técnico irá acompañado asimismo por un plan industrial, al que no alude el anteproyecto gubernamental, destinado, en versión de fuentes socialistas, "a estimular la industria nacional de la telecomunicación y de la producción de programas".

Según algunas fuentes, el Gobierno se inclinará probablemente por exigir a las empresas que emitan un 40% de "producción nacional", en vez de obligarles a que dicho porcentaje se refiera a "producción propia" de las empresas propietarias de los canales. A las primeras sociedades que obtengan autorización para emitir por televisión se les permitirá que lleguen a ese mínimo de una forma gradual a lo largo de los cuatro años iniciales.

Capital extranjero

Una de las modificaciones ya introducidas está relacionada con la presencia de capital extranjero en las empresas concesionarlas de canales privados de televisión. Mientras que en la pasada legislatura el Gobierno era partidario de exigir que las acciones de las empresas concesionarias sólo pertenecieran a personas de nacionalidad española y residentes en España, el anteproyecto conocido esta semana por el Consejo de Ministros admite un determinado porcentaje de capital extranjero. Dicho porcentaje es uno de los aspectos del documento pendiente de precisar en el curso de la semana próxima. En todo caso, la normativa quefinalmente apruebe el Gabinete exigirá que las empresas propietarias de cada uno de los canales de televisión sean sociedades anónimas con acciones nominativas.La concesión de cada canal privado, por un período de diez años, renovable sucesivamente por igual período de tiempo, se realizará mediante concurso público, una vez que sea aprobado el plan técnico nacional de la televisión privada. Éste determinará los sistemas de transporte y difusión de señales que deberán utilizar las emisoras privadas, así como las bandas, canales, frecuencias y potencias reservadas para la emisión de los programas, entre otras especificaciones.El anteproyecto de ley, que señala que la concesión de los canales estará condicionada a la viabilidad técnica y económica del proyecto empresarial, incapacita como candidatas a las empresas que no se hallen al

corriente de pago de sus obligaciones tributarias o de la Seguridad Social. Incluso precisa que quedarán igualmente marginadas aquellas sociedades cuyo capital social corresponda en más de un 5% a accionistas que lo sean también en un porcentaje superior al 10% en otras compañías que no estén al corriente de pago de impuestos.Una vez aprobado por el Consejo de Ministros, el proyecto de ley de regulación de la televisión privada será sometido a debate en el Congreso de los Diputados, primero, y en el Senado, después.

Antes de que puedan entrar en funcionamiento los canales, tendrá que ser adaptada la redterrestre de Radiotelevisión Española, ya que ésta será la infraestructura que, al menos inicialmente, usarán las emisoras privadas.

Una vez iniciadas dichas obras, pasarán no menos de dieciocho meses hasta que la televisión privada llegue al 80% del territorio español.