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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

El SIDA en las cárceles

EL GOBIERNO ha anunciado su intención de crear una comisión para el control y seguimiento del SIDA en las cárceles. La medida es una más de las que está adoptando la administración sanitaria en el terreno y de las que el ministro de Sanidad informó recientemente al Parlamento. Es una evidencia que las condiciones que existen en las cárceles constituyen un excelente caldo de cultivo para la transmisión del virus del SIDA entre quienes viven tras las rejas. Los funcionarios de prisiones acaban de solicitar oficialmente la adopción por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias de una serie de medidas que irían desde la realización de análisis clínicos a toda la población reclusa hasta el traslado de los potenciales transmisores a centros hospitalarios, pasando por el desarrollo de campañas informativas específicamente dirigidas a los presos. De no adoptarse este tipo de medidas se corre el riesgo de que la población penitenciaría se convierta en el principal foco transmisor de la enfermedad al conjunto de la sociedad.Los peligros de esta situación no pueden ser ignorados. Desde hace tres años se vienen realizando en las cárceles españolas pruebas de detección del virus del SIDA. Pero su alcance ha sido hasta ahora muy limitado, dado el carácter excesivamente selectivo de estas pruebas. Y ello no sólo por la falta de medios y de personal especializado de la administración penitenciaria, sino por una actitud deliberada de evitar el alarmismo que comportaría una acción preventiva más generalizada.

Sin embargo, este interés, por bienintencionado que pueda ser, encubriría una grave irresponsabilidad en el supuesto de convertirse en obstáculo a la efectiva lucha contra esta enfermedad. Ahora, el dato contrastado de que el 12,4% de los casos de SIDA registrados en España corresponden a personas que permanecieron durante algún tiempo en la cárcel obliga a los responsables de la sanidad a poner en pie iniciativas especificamente orientadas a este colectivo social de más de 26.000 personas.

El oscurantismo informativo que ha rodeado la cuestión hace que la información que se posee sea todavía bastante imprecisa. El alto número de reclusos drogadictos (30% del total), la tendencia a la práctica homosexual, el hacinamiento y la insuficiencia de medidas profilácticas avalan la hipótesis que considera a las cárceles como un foco privilegiado de transmisión de la enfermedad, pero en realidad se carece todavía de un cuadro solvente de la situación. Oficialmente, ningún preso español ha muerto del SIDA en el interior de las cárceles, pero datos oficiosos apuntan que 16 de los muertos del SIDA en 1986 contrajeron la enfermedad en prisión.

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En las pruebas de detección del virus que se han hecho entre reclusos que en principio podrían ser más propensos al virus, principalmente drogadictos, ha resultado que el 50% eran portadores de anticuerpos positivos del SIDA, es decir, que han mantenido contacto con el virus. Aunque sería impropio extrapolar estos datos a toda la población penitenciaria, parece evidente que existe una alta probabilidad de que un importante porcentaje de ésta esté contagiada. Estadísticas oficiosas -las oficiales no existen o se desconocen- precisan que del 15% al 17% de los internos están incubando actualmente la enfermedad.

El reparto gratuito de preservativos para las comunicaciones vis a vis de los reclusos, el reciclaje del personal sanitario penitenciario, y la realización de un estudio epidemiológico, imprescindible para evaluar la expansión de la enfermedad en las cárceles españolas suponen iniciativas positivas que marcan el camino a seguir. La posibilidad de que se repartan también Jeringuillas -es sabido que en España el 50% de los contagios comprobados viene de la utilización por varías personas de jeringuillas contaminadas- plantea sin duda numerosos problemas. Pero no creemos que deba ser desechada sin más. Especialistas médicos conocedores del problema deberían estudiar las razones a favor y en contra que resultarían de esa iniciativa. Lo que no resulta aceptable es que la cuestión sea desechada por temor a las campañas demagógicas, ya apuntadas, de la derecha más reaccionaria. Porque frente a la amenaza del SIDA no cabe una actitud fatalista o pasiva, sobre todo, si es cierto, como afirman expertos e investigadores, que la enfermedad evoluciona a un ritmo que dobla el número de casos cada seis meses.

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