'Novecento' cántabro

LOS INCIDENTES producidos ayer en la localidad cántabra de Reinosa, con el balance de más de medio centenar de heridos, ponen de relieve la pervivencia de residuos de atavismo más propios de la España galdosiana que de un país integrado en las instituciones europeas y que se apresta a entrar en el siglo XXI. Las imágenes de unos trabajadores que, para defender sus puestos de trabajo, primero secuestran a los directivos de su empresa y luego reducen y desarman a una decena de guardias civiles, parecen extraídas de una película de época. Pero son cruelmente reales.Tan desastroso resultado es consecuencia de dos factores. La irresponsabilidad de un comité sindical que juega con fuego al embarcar a los trabajadores en una aventura descabellada, consistente en tratar de defender sus propios derechos a costa de los de los demás, y la incompetencia profesional de los responsables del orden, incapaces de prever las consecuencias de su intervención en el conflicto y sumisos hasta la rendición, y frente a toda la espeluznante retórica que rodea a la historia de la Benemérita.

El intento de conseguir notoriedad secuestrando a una persona que acababa de ser nombrada para un cargo público -Enrique Antolín, nuevo consejero de Obras Públicas del Gobierno vasco- descalifica a los dirigentes sindicales que tuvieron tan descabellada idea. Una idea pueril, antidemocrática y contradictoria con los intereses de los trabajadores, en nombre de los cuales pretendían actuar. Las direcciones de los sindicatos implicados en la acción están obligadas a condenar dichas prácticas, lindantes con el sindicalismo mafioso o el más trasnochado libertarismo.

Pero las circunstancias del caso indican la existencia de una pavorosa improvisación por parte de las autoridades responsables de garantizar el respeto a los derechos ciudadanos y el orden público. Que una decena de agentes puedan ser aislados en un callejón, violentamente hostigados hasta agotar los medios disuasorios, y desarmados y reducidos por una multitud encolerizada, revela desconocimiento del terreno, inadecuación de los recursos empleados y ausencia de una planificación racional. Tal como se produjeron los acontecimientos, con armas abandonadas en la vía pública y en una situación de enorme tensión emocional, puede considerarse providencial que no se produjeran daños irreparables. Los responsables de la seguridad en Cantabria y el Ministerio del Interior están obligados a explicar los motivos que determinaron tan increíble espectáculo y a depurar las responsabilidades. Pero, a estas alturas de los tiempos, esto es sólo un deseo teórico. La calle de este país hierve desde hace meses ante la impávida mirada de la autoridad competente, convencida ésta de que hace frente a una conspiración malévola y no a los errores de su propia, dramática, ridícula, ingenua ineptitud.