Los ayuntamientos devolverán de inmediato la contribución urbana

El consejo federal de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) decidió ayer por unanimidad el devolver de forma inmediata la parte de la contribución territorial urbana declarada inconstitucional. También acordó comunicar hoy al ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, su negativa a evacuar una consulta previa al Tribunal Constitucional sobre el modo en que han de realizarse las devoluciones y sobre si en última instancia debe de pagar el Estado, como pretende la FEMP, o los municipios, como defiende el fisco.Al terminar la reunión mantenida ayer por el máximo órgano de la FEMP, sus portavoces declararon que no hubo posiciones enfrentadas ni nuevas propuestas de cara el proyecto de ley de haciendas locales, entregado por el Gobierno a mediados de febrero y discutido el pasado martes con Carlos Solchaga.

Dinero contra recibo

En aquélla sesión, donde se perfiló una posición mayoritaria a favor de que sólo reciban la devolución quienes presenten los recibos, el alcalde comunista de Córdoba y varios munícipes de Alianza Popular manifestaron su preferencia por devoluciones de oficio y con cargo a los ayuntamientos que exigieron a sus contribuyentes tipos superiores al 20% en la contribución urbana o al 10% en la rústica y pecuaria. Pero las fuentes de la FEMP informaron anoche que en el consejo federal no se reprodujeron intervenciones del mismo cariz. Según la misma versión, los reunidos coincidieron plenamente en que, sentado el principio de proceder de inmediato a las devoluciones, el cuándo, el cómo y el quién afrontará la operación ha de ser negociado a partir de hoy con Solchaga.Por su parte, fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda, del que partió la propuesta de consultar antes al Tribunal Constitucional, informaron que hay disposición a anticipar el dinero necesario, siempre y cuando se garantice el buen fin de las devoluciones y paguen al final los ayuntamientos que impusieron los tipos inconstitucionales.

Hacienda realizó de oficio las devoluciones de los recargos municipales en el impuesto sobre la renta. Todavía no se ha decidido si al final aquéllos 8.000 millones de pesetas los pagará el Estado o cada municipio. Ahora el fisco pretende evitar las entregas a inmobiliarias o propietarios de pisos que repercutieron la contribución en sus clientes o inquilinos.

De ahí que no haya discutido si los más de seis millones de contribuyentes que soportaron tipos inconstitucionales -por los años 1984, 1985 y 1986- deben recibir 35.000 millones de pesetas, como estimaba Hacienda hace varios meses, o los 45.000 millones que la FEMP dice ya admitidos.