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El fiscal del 'Irangate' contempla la posibilidad de procesar a altos cargos de la Casa Blanca

Francisco G. Basterra

La investigación del Irangate se centra en serios indicios de una amplia conspiración para delinquir y encubrimiento de pruebas, que puede acabar con el procesamiento de altos cargos que sirvieron y sirven a la Administración de Ronald Reagan, dijeron ayer fuentes próximas al fiscal especial, Lawrence E. Walsh. Nuevas revelaciones, desmentidas por la Casa Blanca, aseguran que John Poindexter, ex consejero de Seguridad Nacional durante el escándalo, informó en dos ocasiones al presidente en 1986 de que dinero procedente de la venta de armas a Irán estaba siendo enviado a la contra.

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Fuentes próximas a Poindexter, que ha sido degradado en la Marina, de almirante a contralmirante, afirman que éste está preparando una defensa basada en que él sólo seguía "la cadena de rnando" y tenía autoridad, dírecta o indirecta, del presidente. Poindexter, que piensa que la historia le absolverá, no se muestra avergonzado de lo ocurrido. El 59% de los norteamericanos cree que las investigaciones demostrarán que Ronald Reagan sabía más y estaba más implicado en el Irangate de lo que afirma, según un sondeo publicado ayer por la revista Newsweek. En esta atmósfera es fácil comprender que la pregunta de moda en Washington siga siendo: ¿qué olvidó el presidente y cuándo lo olvidó?La investigación del fiscal especial se está centrando en tres acusaciones: conspiración para engañar al Gobierno, obstrucción de la justicia y falsas declaraciones al Gobierno, y no se descarta a ningún sospechoso, incluidos altos cargos, informó ayer The New York Times. La idea de la conspiración es el marco en el que se está trabajando. Aunque el delito de obstrucción a la justicia es dificil de probar, el encubrimiento puede haber sido "cómicamente patente" en este caso, dijeron fuentes legales próximas a la investigación.

Nada que esconder

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"No es necesaria una defensa legal del presidente. No tiene nada que esconder. Sentía con fuerza la necesidad de ayudar a la contra, pero hacerlo violando la ley es algo que se opone totalmente al estilo de Ronald Reagan", afirmó David Abshire, el coordinador de la respuesta de la Casa Blanca a las investigaciones. Poindexter no advirtió a Reagan de que era ¡legal el desviar fondos de Irán para los rebeldes antisandinistas, sino que le explicó, según una fuente legal citada por The Washington Post, que éste era un "beneficio suplementario" de la operación.

Howard Baker, el hombre que está tratando de salvar la presidencia de Reagan, está "consternado" por la falta de precauciones legales por parte de la Casa Blanca para proteger al presidente. Sintiendo que "lo peor está aún por llegar", que esto durará meses y que "hay muy malas historias y sorpresas en el horizonte", Baker ha ordenado recopilar todos los datos disponibles para tener una clara imagen de lo que hicieron el presidente y sus subordinados. Baker, que participó en la investigación del Watergate, es consciente de que la investigación llegará hasta sus últimas consecuencias. La única duda es saber cuándo concluirá.

Los investigadores están convencidos de que el papel de Poindexter en el escándalo se revelará muy importante, dado que el ex consejero de Seguridad Nacional veía continuamente al presidente-, mantenía el control de la catastrófica operación, sabía del desvío de fondos a la contra y firmaba documentos operacionales en nombre de Ronald Reagan.Por otra parte, amigos del teniente coronel Oliver North aseguran que éste, el principal protagonista del Irangate, mantiene silencio para proteger al presidente. Estas fuentes agregan que su abogado le ha aconsejado que si se mantiene callado puede salvarse de ir a la cárcel.

Los comités especiales del Congreso que investigan el Irangate se reunirán hoy para discutir la concesión de inmunidad limitada a North y Poindexter, lo que podría romper su silencio a carribio de que sus declaraciones no sirvan para incriminarles. El fiscal especial, el juez Lawrence Walsh, se opone a la concesión de inmunidad tan pronto, por miedo a que paralice su investigación criminal. Necesita más tiempo para buscar las pruebas que permitan la citación en procedimientos penales. Pero, por motivos políticos, tanto republicanos como demócratas no quieren prolongar la investigación del Congreso 12 ó 18 meses, hasta que Walsh concluya su prueba.

Para acelerar su investigación, Walsh necesita el mayor número de pruebas en sus manos antes de que una eventual concesión de inmunidad cubra a los principales protagonistas. El fiscal especial ha solicitado a la Casa Blanca cientos de miles de páginas de documentos relativos a la operación iraní. "Es importante para ellos [el Congreso] ir rápido, mientras todavía la opinión pública está interesada, pero a nosotros nos obliga a actuar más rápidamente de lo que desearíamos", explica Walsh.

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