El Gobierno ofrecerá a los municipios un acuerdo financiero como el autonómico

El Gobierno está dispuesta a ofrecer a los ayuntamientos un acuerdo similar al suscrito con las comunidades autónomas en las conversaciones que van a mantener la próxima semana sobre el texto del proyecto de ley de Financiación de las Haciendas Locales. A cambio de recibir más dinero en el primer año de vigencia del pacto, el Ejecutivo pretende introducir una serie de fórmulas que permitan la congelación futura de la participación de las corporaciones locales españolas en los ingresos del Estado, que es ahora del 6%.

Al margen de la regulación del dinero que entregará el Estado a los ayuntamientos en los próximos años, la versión del proyecto de ley de Financiación de las Haciendas Locales entregada hace 10 días a la Federación Española de Municipios y Provincias por los ministros de Economía, Carlos Solchaga, y de Administraciones Públicas, Joaquín Almunia, presenta pocas novedades; sobre los borradores conocidos desde 1983, según medios municipales.Si se aprueba el proyecto, la maraña de impuestos y tasas que configuran el actual sistema tributario local será simplificada. El nuevo esquema descansaría en cinco impuestos, tres de ellos obligatorios (sobre la propiedad inmobiliaria, la actividad económica y la circulación de vehículos) y dos optativos (sobre la plusvalía y sobre las construcciones, instalaciones y obras).

Los ayuntamientos esperan esta ley desde que el PSOE ganó las elecciones en 1982, cuando marcó el objetivo de situar los gastos de las corporaciones locales en una cuarta parte del total de las administraciones públicas y de elevar su participación en los ingresos del Estado hasta el 12%. Pero confían menos en los recursos que les proporcionarán a corto plazo los nuevos impuestos obligatorios -en la práctica, sustitutivos de la contribución territorial, las licencias el de circulación- que en las transferencias del Estado.

En este aspecto, la principal novedad consiste en el intento de que las transferencias a los ayuntamientos crezcan en los próximos años al mismo ritmo que los presupuestos de la Administración central para personal, compras e inversiones. Para ello, Hacienda pretende aplicar unas fórmulas como las pactadas recientemente con las 15 comunidades de régimen común (todas, excepto el País Vasco y Navarra).

Los municipios -dice el artículo 120 del proyecto- dispondrán de una participación, anual en los tributos del Estado "cuya cuantía se determinará con arreglo al principio de suficiencia" y a varios criterios. Primero se "incrementará la del ejercicio anterior en el mismo porcentaje en que se incremente la recaudación líquida por los impuestos del Estado, excluidos los susceptibles de cesión a las comunidades autónomas y los que constituyen recursos de la Comunidad Europea, y por cotizaciones a la Seguridad Social y al desempleo, salvo que dicho porcentaje sea superior a la tasa de crecimiento del producto interior bruto (PIB), en cuyo caso se aplicará ésta". Las fórmulas se completan con el añadido de que "la tasa de incremento de la participación no será nunca inferior a la del gasto equivalente del Estado".

Tales mecanismos congelarían durante los próximos años la participación de los ayuntamientos en los ingresos del Estado (poco más del 6%), así como su importancia sobre el conjunto del a economía, situada -con las diputaciones- en torno al 1% del PIB.

Aunque el proyecto no cifra el importe de partida para las transferencias del Estado, la mayoría de alcaldes, sobre todo los de grandes ciudades, opinan que la futura ley debe aumentarlas sustancialmente. Argumentan que la imposición local ha tocado techo, y los nuevos tributos tardarán en elevar la potencia recaudatoria de los municipios.